Cinco autonomías piden un consenso constitucional para reformar la financiación y las prestaciones sanitarias

Los consejeros de Sanidad de las autonomías con competencias plenas en la materia -Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y el País Vasco- piden un pacto de Estado entre todos los partidos políticos para abordar la reforma de la financiación y de las prestaciones incluídas en el sistema nacional de salud. José María Hernández Cochón, consejero del la Xunta de Galicia, reclamó ayer un acuerdo tan amplio como el "consenso constitucional" para buscar soluciones a la financiación de la sanidad.El consejero andaluz, José Luis García de Arboleya, advirtió de los problemas para un acuerdo. "Será más difícil que el Pacto de Toledo para las pensiones porque chocará con intereses corporativos", afirmó en un encuentro que celebraron en Getxo (Vizcaya) los máximos responsables de los departamento de Sanidad de estos cinco gobiernos autónomos.

Los consejeros abordaron en su reunión los puntos claves del debate abierto en la Sanidad española: las nuevas vías definanciación, el recorte del gasto farmaceútico y la revisión de las prestaciones del sistema nacional de salud. El consejero vasco, Iñaki Azkuna, propuso resolver con "nueva financiación, las nuevas prestaciones" que se incluyan en el catálogo de servicios y defendió el establecimiento de tasas para compensar la insuficiencia presupuestaria, siempre que las rentas bajas queden exentas del pago. "Ni constitucionalmente ni legalmente se establece la obligación de que las prestaciones sean gratuitas", señaló.

Más impuestos indirectos

El consejero catalán, Eduard Rius, abogó por incrementar la presión fiscal sobre alcohol y tabaco, y aumentar la participación de los ciudadanos en el pago de medicamentos y servicios, sin perder de vista el coste adminsitrativo de su implantación. Julio Bonís, del Gobierno de Canarias, incidió en la posibilidad de incrementar los ingresos del sistema sanitario mediante la revisión de los servicios prestados a entidades de aseguramiento. En su opinión, las mutualidades están "subfinanciadas por el sistema nacional de salud".Los consejeros de Sanidad de las cinco autonomías coincidieron en la necesidad de abordar el control del gasto farmaceutico con acciones globales que incidan tanto en la industria como en la actuación de los médicos y en el compromiso de los ciudadanos. Azkuna propuso limitar la inclusión de nuevos fármacos entre los financiados por la Sanidad pública, promover los genéricos y llegar a acuerdos con los profesionales sanitarios para racionalizar la prescripción.