El fiscal pide al Supremo que levante el secreto del papel del Cesid sobre la muerte de Lucia Urigoitia

El fiscal ha pedido a la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal upremo que anule el acuerdo del Gobiero, de 2 de agosto último, que denegó el levantamiento del secreto de un documento del Cesid sobre la muerte de la presunta etarra Lucía Urigoitia, en julio de 1987, por disparos de la Guardia Civil. Rogelio Gómez Guillamón solicita que el Supremo declare que ese documento "no afecta ni pone en peligro la seguridad del Estado", por lo que debe entregarse al juez de San Sebastián que investiga el caso y que lo reclamó al Ejecutivo, Justo Rodríguez.

Rogelio Gómez Guillamón, fiscal ante la Sala Tercera del Supremo, ha formalizado sus alegaciones en relación con el recurso de la acusación particular del caso Urigoitia, representada por el letrado Íñigo Iruin, contra la negativa gubernamental a desclasificar uno de los llamados papeles del Cesid que el juez de instrucción Justo Rodríguez, de San Sebastián, estima necesario para su investigación.El documento en cuestión relata que un capitán de los Servicios Especiales de la Guardia Civil manipuló unos casquillos de bala y el cañón de la pistola que empuñaba Urigoitia, para hacer creer al juez que la víctima de los disparos había utilizado su arma contra un agente antes de caer abatida.

En su escrito de alegaciones Gómez Guillamón hace referencia al remitido el pasado 7 de noviembre respecto al recurso, "esencialmente idéntico", planteado también por Iruin en nombre de la acusación particular del caso Lasa-Zabala (secuestro, tortura y asesinato, en 1983, de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala).

En aquél, el fiscal pedía la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros sobre el único de los cuatro documentos reclamados por el juez del sumario, Javier Gómez de Liaño, que el Gobierno ha admitido como existente. En el ahora conocido, respecto al caso Urigoitia, Gómez Guillamón se remite a los razonamientos sobre la falta de vinculación a la seguridad del Estado formulados en el relativo al caso Lasa-Zabala, dados sus objetivos "coincidentes".

De modo particular, el fiscal analiza "si el documento cuya desclasificación ahora se pide implica efectivamente a la seguridad del Estado, como afirma el acuerdo recurrido". Indica que se trata "de una nota de significado marcadamente policial, aunque pudiera haber sido redactado", dice, "por agentes del Cesid", el servicio de información militar.

Recuerda también el fiscal que la publicación del documento en la prensa dio lugar a la reapertura de la investigación penal, en la que el que en 1987 era jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote, admitió que hizo "un documento con una literalidad parecida" y que la firma que aparece pudiera ser la suya.

Actuación ilegal

Gómez Guillamón razona que "no se trata, por consiguiente, de una denuncia periodística sin más, sino de que el documento en cuestión está en principio adverado por quien lo redactó o intervino en su redacción".En su escrito de alegaciones, Gómez Guillamón observa que no se ve que el documento afecte y ni siquiera implique a la seguridad del Estado. Explica que, "de ser cierto [su contenido], revela una actuación ilegal de las fuerzas policiales que sólo implica a los funcionarios que intervinieron y en modo alguno a instituciones y menos a la seguridad general".

Gómez Guillamón considera que la no aportación de este documento, esencial para llevar a cabo la investigación judicial y en su momento para sentenciar, lesiona el derecho al uso de los medios de prueba pertinentes, con indefensión, por el momento, de la parte interesada en su aportación". Dado que la seguridad del Estado invocada por el Consejo de Ministros "no hay posibilidad lógica de aceptarla, la conclusión ha de ser necesariamente que no hay razón para mantener la condición de secreto de dicho documento y debe ordenarse su cancelación".

Los dos únicos papeles del Cesid cuya desclasificación como secretos apoya el fiscal son uno de los cuatro reclamados por el juez del caso Lasa-Zabala y el reclamado por el del caso Urigoitia.

Ambos corresponden a los dos únicos recursos planteados por el procedimiento urgente que permite la ley 62 / 1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, y en los dos se ha invocado que el secreto de los documentos vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El fiscal solicita que ambos papeles sean examinados "in camera" o sea, por un grupo reducido de magistrados delegados del pleno de la Sala, Tercera del Supremo.