España asume la política europea de energías renovables y cuadruplicará la eólica en un año

En 1990 había instalados 7 megavatios de potencia de energía eólica en España, ahora son ya 115. A finales del próximo año se cuadruplicará esa cifra si se ejecutan todos los proyectos de parques eólicos ahora en marcha, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria. La eólica es la energía renovable que más ha despegado en España y la mejor carta de presentación nacional en el Congreso de Sitges (Barcelona) sobre energías alternativas en la UE, que fue clausurado ayer por Isabel Tocino.

Los mayores parques eólicos están previstos en Galicia, Navarra, Aragón, Canarias y Andalucía. Esos 300 megavatios en proyecto representan una inversión de 70.000 millones de pesetas; las subvenciones directas de la Administración suponen menos del 15%, según el IDAE.Concepción Cánovas del Castillo, directora general del IDAE, explica: "Dentro de las energías renovables, la eólica es la que más ha despegado en España, en la UE y en el mundo, porque ha llegado a un grado de madurez tecnológica que permite que sea ya competitiva". Sin embargo, aún le falta un hervor para que pueda entrar a competir libremente con las energías convencionales. De hecho, su despegue se apoya en buena medida en que los kilovatios producidos con molinos de viento están subvencionados.

A ese aumento de la energía eólica ha contribuido el respaldo de la UE, que ha destinado en los últimos cuatro años 6.500 millones al Programa Altener I para energías renovables. Es lo que se ha repasado desde el lunes en Sitges. Altener ha financiado 225 proyectos de energías renovables; un 10% eran españoles.

Las energías renovables cubren ahora menos del 6% de las necesidades energéticas de la UE. España anda también por ese porcentaje; muy poco frente al 54% del petróleo, 18% del carbón, 14% de las nucleares y 7% del gas. Dentro de esa porción renovable, la gran tajada se la lleva la biomasa (63%), seguida de la hidráulica (30%). La solar representa solamente un 0,4% y la eólica, otro 0,4% de ese 6%.

Tocino apostó ayer en Sitges por conseguir que el 12% de la energía consumida en España en el año 2010 sea renovable -objetivo que se ha marcado la Comisión Europea- Sin embargo, existe el riesgo claro de que, si no se cambia de estrategia, todo quede en palabras. Ni España ni el conjunto de la UE conseguirán ese porcentaje, a menos que mejoren sustancialmente sus actuales políticas de apoyo a las energías renovables. Así lo sostiene un estudio encargado por la Comisión y presentado ayer en Sitges. Entre las medidas que recomienda el informe destaca el establecimiento de un impuesto sobre los combustibles convencionales que compense sus costes ambientales, así como un incremento de las inversiones públicas en investigación de tecnologías energéticas renovables. Con el mantenimiento del actual marco, las energías renovables no podrían, en cambio, superar siquiera la barrera del 8% en los próximos 15 años.

La necesidad de una inversión adicional de más de 31 billones de pesetas se vería compensada con la creación de al menos medio millón de empleos netos, la disminución en un 19% de las importaciones energéticas y en un 16% respecto a 1990 de las emisiones de CO2, -causante del cambio climático-.

En España se añade ahora el riesgo de que el nuevo y polémico protocolo eléctrico frene este despegue en España, por un descenso en la subvención al kilovatio producido por los aerogeneradores. Nemesio Fernández Cuesta, secretario de Estado de Energía, ha señalado: "Mantendremos la prima o incentivo especial a las energías renovables, de modo que pueda asegurarse su rentabilidad. En este caso nos saltamos los mecanismos estrictos de mercado, pero aquí está plenamente justificado por los beneficios sociales de menor contaminación". Sin embargo, aún no se ha concretado la cuantía de esa prima.

La ministra de Medio Ambiente defendió en Sitges la necesidad de que "las energías convencionales internalicen en sus precios los costes ambientales" que ahora se imponen al conjunto de la sociedad.