Defensa teme que haya que perdonar la 'mili' a más de un millón de jóvenes antes de abolirla

El proceso de transición desde el Ejército de recluta obligatoria a otro exclusivamente profesional puede fracasar por defecto o por exceso. Por defecto, si el aumento de los objetores de conciencia deja vacíos los cuarteles antes de tiempo. Por exceso, si se mantiene la actual bolsa de jóvenes en prórroga. El documento sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, entregado ayer en el Congreso por el ministro de Defensa, Eduardo Serra, advierte sobre el riesgo de "llegar a la desaparición del servicio militar con una amnistía para más de un millón de jóvenes en aplazamiento".

El documento elaborado por el Ministerio de Defensa admite que existe un "riesgo considerable" de que el auge de la objeción de conciencia y la petición masiva de prórrogas llegue al extremo de "dejar a las Fuerzas Armadas sin los efectivos necesarios" antes de que se complete su profesionalización, el 1 de enero del año 2003.Sin embargo, junto a este riesgo ya conocido, pues 80.000 jóvenes se han declarado objetores en los 10 primeros meses de este año, el informe advierte de otro peligro que hasta ahora se ha pasado por alto: la posibilidad de que el final de la mili vaya acompañado de una arnnistía para un millón de jóvenes a los que no será posible incorporar a las Fuerzas Armadas.

"El progresivo incremento en los efectivos de tropa y marinería profesionales originará una disminución proporcional en las necesidades de militares de reemplazo lo que, con una evolución normal en las solicitudes de objeción de conciencia, producirá un exceso de alistados", señala el documento.

Actualmente hay más de 800.000 jóvenes con aplazamiento de incorporación a filas, a los que resultaría imposible encontrar destino si todos quisieran realizar la mili en los seis años que le quedan de vida.

Solución inadecuada

"Ante las dos opciones que se presentan", agrega el informe, "seguir con el actual sistema de prórrogas o drenar la bolsa poco a poco, parece más justa esta segunda alternativa, pues llegar a la desaparición del servicio militar con una amnistía para más de un millón de jóvenes en aplazamiento no parece la solución más adecuada, sin contar con el desplazamiento hacia la objeción que se podría producir entre los jóvenes sin derecho a prórroga".Para evitar esta discriminación, el documento propone estudiar "la reducción progresiva de la bolsa de personal en prórroga, para que todos los alistados tengan las mismas posibilidades de incorporarse al servicio militar, aunque no lo hagan todos ellos, pues siempre existirá un exceso anual de efectivos", según reconoce.

Con objeto de drenar esta bolsa, el informe sugiere la aplicación de criterios "positivos y negativos". Las segundos, que no detalla, podrían pasar por dificultar la obtención de prórrogas, mientras que los primeros consistirían en incentivar el cumplimiento de la mili durante el periodo de transición, reduciéndola a seis meses, aumentando progresivamente el haber en mano o dando preferencia a los ex reclutas para el acceso a empleos públicos.

Finalmente, y aunque el informe no alude a ello, Serra afirmó ayer en el Congreso que "no se debe descartar que pueda acortarse el periodo de transición". Defensa estudia la posibilidad de que a partir del año 2000 sólo deban incorporarse a filas los jóvenes en prórroga, de forma que la exención, prevista ahora para los nacidos a partir de 1984, se ampliara a los nacidos en 1982 y 1983.

El ministro matizó que lo previsto no es la abolición del servicio militar obligatorio, sino su "suspensión", por lo que, en cualquier momento podría reinstaurarse mediante una ley. Fuentes de Defensa indicaron que esta posibilidad es más teórica que real, pero que el artículo 30 de la Consitución, que establece el "derecho y el deber" de defender a España, impide su definitiva supresión.

Este mismo artículo es el que obliga a mantener un servicio militar voluntario, de un ano de duración, para hombres y mujeres. También se conserva, en caso de conflicto generalizado, la movilización de todos los ciudadanos, a los que habría que impartir un cursillo de instrucción básica.

De cara a esa movilización, el informe recomienda contar con un banco de datos que incluya a todos los españoles en edad militar, pero admite que esta opción, que supondría mantener la obligación de alistarse, "tiene el inconveniente de que podría no quedar eliminada del todo la objeción".

El Ejército profesional estará formado por hombres y mujeres "con los mismos derechos y obligaciones", según el documento. Anade, no obstante, que habrá "especialidades o destinos a los que no tenga acceso el personal femenino, cuando por las actividades o el medio en que se desarrollan, exijan condiciones sicofísicas particularniente duras e infrecuentes en la mujer".