El presidente del Supremo no logra convencer al magistrado Siro García para que retire su renuncia

Javier Delgado Barrio, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, no logró ayer que el titular de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, reconsiderase su renuncia al cargo. Delgado convocó a García en la sede del CGPJ para tratar de convencerle. El presidente del Supremo informó al magistrado del apoyo matizado que el Consejo iba a dar a la Audiencia, y García decidió mantener su dimisión.

Javier Delgado y Siro García habían quedado el miércoles en que se reunirían ayer para estudiar la situación y la declaración institucional que el CGPJ iba a hacer pública sobre el estado general de la justicia, y de la Audiencia Nacional en particular. Delgado había adelantado que él era partidario de una declaración de apoyo hacia la labor que la Audiencia desarrolla en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y otros delitos, con gran entrega por parte de sus integrantes. No obstante, Delgado reconoció también que no podía comprometer el resultado del debate en el Consejo puesto que su opinión constituía un voto entre los 21 que forman el pleno del citado organismo.El presidente del Supremo tenía la esperanza de convencer al de la Sala de lo Penal de la Audiencia de que dejase sin efecto su dimisión si conseguía del Consejo un apoyo satisfactorio al trabajo que desarrollan los integrantes de la Audiencia.

Siro García anunció precisamente su renuncia durante la visita que el miércoles hizo Delgado a la Audiencia Nacional para interesarse por sus problemas. En la reunión, celebrada en la Sala de Plenos, Siro García, de 60 años, con categoría de magistrado del Tribunal Supremo, y uno de los más caracterizados de la Audiencia, se quejó de las continuas críticas institucionales que recibe el organismo y que él considera injustificadas. Entre ellas, las del magistrado del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra; la del presidente del Congreso, Federico Trillo, o la del ex ministro Juan Alberto Belloch, sobre la necesidad de disolver o reformar la Audiencia.

El presidente de la Sala de lo Penal, previsiblemente, debía formar parte del Tribunal al que le corresponderá juzgar importantes sumarios que se tramitan en la, Audiencia, como el caso Lasa-Zabala, que investiga el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, atribuido a los GAL; o el caso Banesto, sobre las irregularidades cometidas por Mario Conde y los antiguos administradores del banco.

Llamada de Delgado

Delgado llamó ayer a Siro García durante un receso de la reunión plenaria del CGPJ en la que se debatía el apoyo a la Audiencia Nacional. El presidente del Supremo preguntó a García si había meditado sobre el asunto y si pensaba reconsiderar su dimisión.El magistrado, por su parte, preguntó a Delgado el sentido del apoyo del Consejo a la Audiencia. Éste le informó que todavía estaban discutiendo la cuestión, que pretendían que el acuerdo se hiciera por unanimidad y que por ello tenía dudas de que finalmente pudiera darse un apoyo expreso amplio, ya que un sector pretendía introducir cautelas. Siro García le replicó entonces que, ante esa situación, mantenía su decisión de dimitir, y regresó a la sede de la Audiencia Nacional.

La declaración institucional del CGPJ finalmente destacó la labor dé la Audiencia y el reconocimiento de la labor de sus integrantes, aunque también advirtió que no tolerará actitudes que no se ajusten a la ley o impliquen agresión a otros derechos.

Por otro lado, alrededor de una treintena de funcionarios de las distintas secciones de lo penal, de los juzgados centrales de instrucción y de la fiscalía de la Audiencia Nacional se reunieron ayer en el despacho del teniente fiscal Eduardo Fungairiño para expresar su solidaridad hacia los cuatro fiscales expedientados el pasado lunes por el fiscal general del Estado: el propio Fungairiño, Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prago y Pedro Rubira.

A esa reunión no fue invitado el fiscal jefe José Aranda, cuya remoción en el puesto fue anunciada también el lunes pasado por el Fiscal General del Estado. Aranda, de todas formas, recibió en su despacho a varios funcionarios de la Sala de lo Penal y de los juzgados centrales de instrucción que le expresaron su reconocimiento y apoyo.