El 10% de las inversiones en descontaminación serán deducibles en el impuesto de sociedades a partir de 1997

El 10% de las inversiones realizadas por las empresas en instalaciones para reducir, recuperar o tratar residuos industriales y para evitar la contaminación de las aguas o de la atmósfera serán deducibles a partir de 1997 de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, de acuerdo con una enmienda del grupo de Convergència i Unió introducida, con el apoyo del PP, en el proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado. El principio de quién descontamina cobra, tantas veces repetido por la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, se hace así realidad por primera vez.La deducción aprobada por el Parlamento supondrá para las empresas españolas un ahorro fiscal máximo de 6.800 millones de pesetas, según un estudio realizado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. Esta cantidad supone el 0'56% de la recaudación del Estado en concepto de Impuesto de Sociedades en 1995.

El consejero catalán de Medio Ambiente e impulsor de la enmienda, Pere Macias, había solicitado originariamente que la deducción alcanzara el 25% de la inversión. Este porcentaje fue rechazado por el Gobierno del Partido Popular, que finalmente se ha avenido a dejarlo en el 10%. "Lo más importante", afirma Pere Macias "es en todo caso que por primera en vez se va a incentivar fiscalmente a las empresas que inviertan en la protección medioambiental".

El citado estudio de la Generalitat cifra en 80.000 millones de pesetas la inversión total realizada en España en instalaciones de descontaminación durante el último año. El 15% de esta inversión -12.000 millones- está, sin embargo, subvencionado por la Administración y, por tanto, no da derecho a deducción.

Para poder hacer efectiva esta desgravación, el proyecto de ley exige que las inversiones realizadas "estén incluídas en programas,convenios o acuerdos con la administración competente en materia medio ambiental", que deberá encargarse de certificar la inversión efectuada. "Con este requisito se trata de garantizar", señala Macias, "que las inversiones se realizan efectivamente". De hecho, la mayoría de las industrias asentadas en Cataluña ya están acogidas a programas de descontaminación aprobados por la Generalitat.

Las instalaciones de tratamiento deberán además, cumplir, o en su caso, mejorar los niveles máximos de emisiones legalmente permitidos. Las condiciones y procedimientos concretos que regularán la práctica de la deducción se establecerán reglamentariamente.