Los conflictos industriales del pequeño dragon

La amplitud y persistencia de los recientes conflictos industriales en Corea del Sur invitan a reflexionar sobre la situación económica de ese pequeño dragón asiático y a analizar las razones de la amplía movilización de los poderosos sindicatos de aquel país.Tras dos años de crecimiento rápido (8,4% en 1994 y 9% en 1995), la economía coreana se enfrió notablemente en 1996, año en el que su producto interior bruto (PIB) se incremento apenas un 6,5%. Tres razones principales parecen explicar lo que allí se interpreta como una recesión. En primer lugar, las exportaciones, después de aumentar casi un tercio en 1995, sólo han crecido un 4% en 1996. Tal fenómeno ha obedecido fundamentalmente a la caída del mercado intemacional de componentes electrónicos (que suponen una quinta parte de, las ventas de Corea al exterior), a la renovada competencia japonesa por la depreciación del yen y a los efectos del fuerte aumento para las empresas de los costes, laborales (los salarios han crecido un 13% *al año desde 1990, más de tres puntos por encima de la productividad) y financieros (los tipos de interés siguen siendo elevados).

Como resultado, se han disparado tanto el déficit comercial como el desequilibrio por cuenta corriente, que alcanzó en 1996 unos 23.000 millones de dólares, equivalentes al 4,5% del PIB. En segundo término, la inversión coreana en el extranjero, de la mano de los famosos conglomerados empresariales (chaebo) del país, ha crecido espectacularmente en los años noventa, especialmente en dirección de zonas de menores salarios (China, sureste asiático, etcétera), y suscitado temores de una eventual: desindustrialización.

En tercer lugar, Seúl ha emprendido en los últimos tiempos un ambicioso programa de liberalización comercial para cumplir las exigencias de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el selecto club de los países ricos en el que Corea acaba de ingresar. Tal apertura, debida también a los compromisos con el sistema multilateral de intercambios (Organización Mundial de Comercio -OMC- y Foro de Cooperación Económica en Asia-Pacífico -APEC-), provoca penosos ajustes en un mercado interno, bastante protegido.

Erosión de la competitividad relocalización productiva y apertura comercial explican- pues la voluntad del Gobierno de modificar las leyes laborales con el objetivo de reducir los costes de la mano de obra mediante la flexibilización del mercado laboral.

En mayo de 1996, el jefe del Estado Kim Young Sam decidió crear una Comisión Presidencial de Reforma de las Relaciones Industriales, con participación de Gobierno, empresarios, sindicatos y especialistas independientes. A principios del pasado mes de diciembre, el Gobierno, enfrentado a un calendario político en cuyo horizonte están las elecciones presidenciales de diciembre de este año, trasladó al Parlamento un proyecto de reforma de varías leyes laborales, cuya discusión fue imposible por la obstrucción de las fuerzas opositoras, que llegaron hasta a impedir el acceso a la Cámara de su presidente.

El día 26, en una sesión de madrugada a la que no fueron convocados los diputados de la oposición, los parlamentarios del gobernante Partido de la Nueva Corea aprobaron, en apenas seis minutos, las controvertidas reformas, aprovechando la ocasión para sancionar vanos cambios, no menos polémicos, en la Ley de Seguridad Nacional.

Los hechos acontecidos desde entonces son bien conocidos: la oposición se encerró en el Parlamento y uno de los dos sindicatos (el todavía ilegal) convocó sendas movilizaciones, a las que se sumó después la otra tan organización sindical, y que culminaron en una huelga general el pasado 14 de enero. El Gobierno señala que los huelguistas se han negado repetidamente al debate e incluso al diálogo y que el paro general de mediados de enero tuvo un seguimiento.

El contenido de la reforma laboral, que las autoridades consideran esencial e inevitable para garantizar la competitividad, tiene dos partes distintas. Por un lado, con objeto de adecuar la legislación a los requisitos de la OCDE, elimina la prohibición de la mediación de terceros en las disputas industriales y de la actuación política de los sindicatos, así como las cuotas máximas por afiliación a éstos. Por otro lado, promueve la flexibilidad del mercado de trabajo mediante disposiciones que oposición y sindicatos consideran inaceptables. Éstos aducen que las nuevas leyes laborales autorizan el empleo de mano de obra de reemplazo durante las huelgas, amplían la semana de trabajo, sin pago de horas extraordinarias, de 44 a 56 horas, y, sobre todo, facilitan el despido libre y gratuito por razones gerenciales.

Además, posponen la libre asociación sindical hasta los primeros anos del nuevo siglo, manteniendo fuera de la ley a la Federación de Sindicatos Democráticos (medio millón de afiliados) hasta el año 2000 a escala nacional y sectorial y el año 2002 en las empresas. Por añadidura, prohíben la retribución, a cargo de las empresas, de los liberados sindicales.

Aunque el Gobierno creó en julio del pasado año un sistema general de cobertura al desempleo y a pesar de que anunció, junto con la reforma laboral, una próxima ley especial para mejorar el nivel de vida y la situación social de los trabajadores en educación, vivienda y fiscalidad así como medidas para incentivar la estabilidad de¡ empleo, los sindicatos reaccionaron virulentamente. La Federación Coreana de Sindicatos (1,2 millones de afiliados), que en el pasado era generalmente progubernamental, se sumó incluso en la protesta a su homóloga ilegal, cuyo máximo dirigente fue por cierto encarcelado durante cuatro meses en 1996.

La posibilidad de emplear trabajadores temporales y a tiempo parcial sin retribución de las horas extraordinarias, si bien facilita la actividad de los sectores estacionales, acaba en la práctica con los complementos por ese concepto, de gran importancia en un país con bajo salarios regulares. A este respecto, conviene tener en cuenta, sin embargo, que el salario por hora en Corea ha crecido mucho en los últimos anos, aproximándose incluso al vigente hoy en el Reino Unido. Tal convergencia es, por cierto, una de las razones de la masiva inversión coreana en Europa occidental.

Además, la posibilidad de despido libre y gratuito, aunque sujeto a varios controles, hace temer a los sindicatos la desaparición del sistema de empleo vitalicio, ventaja que han obtenido tradicionalmente los trabajadores coreanos a cambio de los bajos salarios, las largas jornadas y la fidelidad a la empresa. Con todo, tal efecto no es nada seguro, habida cuenta del tradicional apego a la cohesión social de las empresas de Asia oriental.

Por añadidura, mantener las restricciones a la libre asociación sindical, por mucho que sean temporales, no parece muy acorde con las prácticas vigentes en los países ricos de la OCDE. Es más, los argumentos del Gobierno a este respecto no resultan muy sólidos: tensiones intersindicales, complicaciones en la negociación colectiva, supuestos vínculos de algunas organizaciones con Corea del Norte, etcétera.

En suma, asistimos a un conflicto en el que Gobierno y empresarios, por un lado, y oposición y sindicatos, por el otro, defienden argumentos plausibles. No cabe duda de qué algún tipo de reforma laboral es imprescindible, con objeto de aumentar la competitividad, potenciando las exportaciones, reduciendo el traslado de actividades al exterior y evitando la pérdida de control nacional del mercado interno. El Gobierno del presidente Kim insiste en que la reforma que promueve es inevitable para hacer frente a los retos de la globalización de la economía mundial, y que garantiza una mejora a la vez de competitividad y de bienestar de los trabajadores. No obstante, algunos economistas coreanos señalan que la situación actual del país es muy parecida a la que atravesó Japón a mediados de los años setenta.

El Gobierno nipón resolvió tal crisis fomentando la reestructuración de las empresas vía aumento de la productividad del trabajo y promoviendo la reconversión de la economía hacia sectores. de mayor valor añadido. Mantuvo además el sistema de empleo vitalicio. Incluso hoy, tras varios años de estancamiento, la tasa de paro en Japón no supera un asombroso 4%.

Cabe preguntarse por qué el Gobierno coreano ha optado por medidas más drásticas que las de su vecino, sin valorar además suficientemente la reacción potencial de los sindicatos y las millonarias pérdidas ocasionadas por las huelgas. La respuesta a tal interrogante tiene seguramente mucho que ver con factores políticos, cuyo análisis desborda con creces los límites de este artículo.