Renfe debe algo

SI ALGO como lo de Uharte-Arakil (18 muertos, 78 heridos) ha sucedido es que podía suceder; luego las medidas de seguridad han resultado insuficientes. Y lo mismo cabe decir del casi simultáneo accidente de Guadalajara (2 muertos, 25 heridos). A punto de cumplirse una semana desde ambas tragedias ferroviarias, existen diversas hipótesis sobre sus causas, algunas de ellas emanadas de la investigación interna realizada por Renfe; pero la compañía como tal sigue sin ofrecer, más allá de la evidencia del exceso de velocidad, su versión de los motivos que pudieron provocar el doble desastre. Esas explicaciones son necesarias para que la opinión pública conozca el grado de seguridad de un medio utilizado cada año por 377 millones de viajeros; dato decisivo, por otra parte, para valorar si las prioridades en las inversiones de la compañía han sido las adecuadas.Es lógico que los próximos a las víctimas, y los ciudadanos en general, se pregunten si es normal que la vida de cientos de personas pueda depender de factores como los que se han sugerido como causantes del accidente de Uharte-Arakil: un despiste del maquinista, su deslumbramiento por el sol de Poniente, un obstáculo que impedía la visión de la señal que ordenaba reducir la velocidad 1.800 metros antes del cambio de agujas. 0 bien algún error en las personas encargadas de accionar desde la estación el mecanismo -ciertamente arcaico- de señales que debía alertar a los conductores de un convoy que volaba, con 248 pasajeros a bordo, a una velocidad casi cinco veces superior a la permitida. En el caso de Azuqueca de Henares, ni siquiera hay la posibilidad de achacar el desastre a factores de ese tipo: sólo se sabe que el Talgo circulaba a una velocidad de 153 kilómetros por hora por un tramo en que debería hacerlo a menos de 50. Y que viajaba semivacío, lo que seguramente evitó un resultado mucho peor.

El ferrocarril es el más seguro sistema de transporte de superficie, según todas las estadísticas disponibles. Ello se debe a que es un sistema que deja escaso margen a la improvisación y, por tanto, al error humano. La técnica moderna ha reducido aún más ese margen mediante sistemas que detienen automáticamente los trenes si se dan determinadas circunstancias que anuncian peligro. Esos sistemas vinculan la velocidad del convoy con la máxima permitida en cada tramo, de manera que si el tren la supera se activa una señal que, de no ser desactivada a su vez por el maquinista en un plazo de tres segundos, lo detiene. Desde luego, sería deseable que todas las líneas contasen con ese mecanismo, similar al que funciona en el metro de las principales ciudades del mundo. En todo caso, parece lógico que exista al menos en aquellas líneas en las que los trenes circulan a altas velocidades.

Representantes del sindicato de maquinistas Semaf han denunciado que los trenes puedan circular a 140 kilómetros por hora en tramos como el de Uharte-Arakil, que no sólo carece de ese sistema, sino que sólo cuenta con un mecanismo manual para accionar las señales. Lo mismo ha venido a decir el Gobierno de Navarra. Puede que haya motivos que justifiquen esa deficiencia, o incluso que se considere que ni siquiera su existencia hubiera evitado el accidente. Véase, si no, lo sucedido en Azuqueca. Pero no podemos saberlo porque Renfe no ha hecho público el resultado de sus investigaciones.

Lo paradójico es que la compañía tuvo reflejos en un primer momento. En lugar de dar largas, adelantó pocas horas después de ocurrido que la causa del descarrilamiento había sido el exceso de velocidad, lo que implicaba reconocer la existencia de responsabilidades concretas: o bien el maquinista no había visto o atendido las señales o bien éstas no habían sido accionadas a tiempo.

Lo que no es posible es dejar las cosas así, limitándose a anunciar que los resultados de la investigación destinada a dilucidar esa y otras incógnitas se enviarán a la juez 10 días después del accidente. Por supuesto que la compañía ferroviaria no es un tribunal que pueda condenar o exculpar penalmente. Pero sí está obligada a ofrecer a la opinión pública todas las explicaciones que sólo ella, por su responsabilidad sobre el material y las personas que lo manejan, puede ofrecer. Responsabilidad viene de responder.