La reforma

EL PACTO sobre la reforma laboral firmado ayer por la patronal y los sindicatos puede ser el más importante acuerdo social suscrito en España desde la época de los Pactos de la Moncloa. Convencidos todos de que el paro es el problema más grave de este país, los empresarios llevaban años reclamando un abaratamiento del despido, mientras los sindicatos exigían poner término a la proliferación de contratos eventuales. El resultado era que la creación de empleos (temporales) en los momentos de fuerte crecimiento económico no compensaban los destruidos masivamente en los de estancamiento o recesión, como en el periodo 1992-1993.La experiencia de estos años ha sentado las bases de un cierto consenso sobre la necesidad de estimular la contratación indefinida a cambio de reducir los costes del despido. Los empresarios han entendido que un exceso de temporalidad no sólo era un freno al consumo, sino un factor de descapitalización humana de sus empresas. A su vez, los sindicatos han acabado por admitir que cambiar estabilidad por despidos más baratos era un riesgo que valía la pena correr. El acuerdo ha sido posible sobre todo por la maduración de los sindicatos, cuyo perfil actual es muy diferente del de hace 10 años. Pero también porque la situación económica actual, con un crecimiento más moderado pero sostenido, favorece la contratación indefinida.

El elemento central del pacto es la creación de un nuevo contrato laboral de carácter indefinido, pero con un coste por despido improcedente de 33 días por año (frente a los 45 actuales) para determinados colectivos especialmente afectados por el paro: Jóvenes, minusválidos, mayores de 45 años. Al mismo tiempo se clarifican las causas del despido procedente. La reforma, que ha exigido un año de debate y tres meses de negociaciones, incluye cambios en el actual contrato de aprendizaje, controles en el resto de la contratación parcial y un pacto para aplicar nuevas normas en la negociación colectiva, cuyo objetivo es corregir la excesiva atomización de los convenios (no menos de 5.000 cada año).

Se trata de un pacto suscrito por los agentes sociales sin intervención del Gobierno. Éste había advertido que de no haber acuerdo plantearía ante el Parlamento su propia reforma. Es evidente que la eficacia de cualquier plan de este tipo depende de la voluntad de las partes, por lo que hay que felicitarse de que se haya podido ir por la vía del acuerdo social. El Gobierno ha ejercido una presión razonable, sin agobiar. La última palabra, sin embargo, corresponde al Parlamento en aquellos puntos que exigen una reforma legislativa: la modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Procedimiento Laboral. Sería deseable que su tramitación no distorsionase el contenido esencial, para no poner en peligro un acuerdo tan trabajosamente alcanzado. El Gobierno ha anunciado que analizará medidas fiscales complementarias para facilitar la conversión de contratación temporal en fija. Aunque los estímulos fiscales no suelen ser muy eficaces para ese fin, es loable la intención de apoyar políticamente el acuerdo a través de gestos firmes y claros.

Que los empresarios y los sindicatos han librado una dura batalla, con concesiones por ambas partes, lo demuestra que el coste del despido se haya fijado finalmente en 33 días por año trabajado, un equilibrio casi matemático entre el coste actual de 45 días que los sindicatos defendieron con firmeza y los 20 que demandaba la CEOE.

La segunda cuestión era clarificar las causas objetivas de despido. Con la modificación del artículo 52-C del Estatuto de los Trabajadores, muchas tramitaciones de despido que ahora se consideran improcedentes y, por tanto, con indemnización más elevada entrarán en la vía de despidos procedentes. La integración en la Unión Monetaria requiere condiciones de entrada y salida del mercado laboral más flexibles para evitar que los ajustes de competitividad se paguen íntegramente en desempleo.

El acuerdo conseguido por los agentes sociales es, sin duda, la mejor medida de política económica que puede adoptarse en estos momentos, en una fase de crecimiento económico limitado por la desconfianza de los ciudadanos en su capacidad económica futura. La mejora en el clima social que cabe esperar tanto del carácter pactado del acuerdo como de su contenido será en sí misma un factor dinamizador de la actividad económica. La inquietud provocada por las fórmulas de contratación temporal había alcanzado niveles difícilmente tolerables. El 34% de los asalariados soportan contratos temporales, y en los últimos tres años, tan sólo el 4% de los contratos que se firmaban cada año en España eran indefinidos.