Parejas de hecho

Quisiera expresar mi sorpresa ante los argumentos expuestos por el señor José Antonio de la Rubia Guijarro en una carta aparecida en su diario el 30 de marzo en relación con la abortada ley sobre la regularización de las parejas de hecho.El aducir razones filosóficas sobre la naturaleza de las normas para descalificar lo que en mi opinión representa un gran avance democrático, esto es, la adecuación de las leyes a la cambiante realidad social, hace gala de una extraña por lo estática y rígida concepción del Estado de derecho. El señor de la Rubia escribe: "No tiene sentido (...) el célebre lugar común que reprocha a las leyes el quedarse rezagadas y no responder a la evolución social". Si tal reproche no tuviera sentido, los españoles seguiríamos sin poder divorciarnos. Las leyes en un Estado de derecho no son algo inamovible, sino que son susceptibles de adaptarse -de ser adaptadas- a las necesidades de la sociedad que, evidentemente, no existe como ente inalterable.

Por lo que respecta al caso en cuestión, la regularización de las parejas de hecho, el señor De la Rubia señala la aparente contradicción que encierra el "Iegalizar un acuerdo que, por definición, se realiza al margen de la ley", concluyendo que para estas parejas lo mejor sería casarse. Dado que las parejas homosexuales no pueden contraer matrimonio, el verdadero avance estaría en la legalización del matrimonio entre homosexuales. La cuestión es casarse.

A este señor parece no pasársele por la cabeza la idea de que haya gente que no acepte el matrimonio civil como forma válida de acuerdo común, por las razones que sean, que pueden ser muchas.

"Si quieren regularización, que se casen". Una posición bastante intolerante, en mi opinión.

La realidad social es con frecuencia compleja y variada. Con la legalización del matrimonio entre homosexuales (que, por otra parte, considero justo y deseable), no se arregla del todo la cuestión. Existe una parte minoritaria aunque creciente de la población española que no quiere (o no puede) casarse y que sin embargo demanda una cobertura legal parecida en ciertos sentidos a la que otorga el matrimonio. No me parece correcto penalizar a las parejas de hecho como se hace actualmente, ni tampoco que se penalizase diferenciadamente, como propone el señor de la Rubia, según el cual la diferencia radicaría en la aceptación del matrimonio como institución vinculante. De lo que se trata no es de una más amplia institucionalización del matrimonio, sino de una ley que ampare los derechos de unos ciudadanos libres que han optado por una fórmula para compartir sus vidas distinta a las de la mayoría. Una ley que cese en la actual discriminación para con estos ciudadanos y que contemple la variedad real de tipos de convivencia que presenta la sociedad española.