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Entrevista:

"Los jueces deberían resistirse al encanto de la prensa"

Luigi Ferrajoli, ex magistrado italiano y catedrático de Filosofía del Derecho, es uno de los teóricos más representativo del derecho penal. Con una abultada bibliografía, su libro Derecho y Razón (editorial Trotta), traducido por el magistrado español Prefecto Andrés Ibañez, ha estrenado en España su segunda edición. La pasada semana participó en el seminario El Derecho y el Poder, en la universidad Carlos III de Madrid.Pregunta. ¿Qué opina de los jueces estrella? ¿Debería ser la justicia anónima?

Respuesta. Obviamente no. Pero la espectacularización de la justicia es un factor distorsionante que puede lesionar los derechos de los ciudadanos. Los jueces deberían resistirse a cierto encanto. fácil de los medios de comunicación. Su excesiva presencia puede tener un efecto perverso, pero no se puede atribuir a los jueces toda la responsabilidad.

P. ¿A quién, entonces?

R. Afecta también a la prensa y a la opinión pública. La espectacularidad de los procesos siempre es negativo y un juez debería tener en cuenta sólo las pruebas y no a la Opinión pública ni a la prensa, que siempre son culpabilizadoras. La espectacularización equivale a una humillación pública, a un linchamiento. Cuando se inicia un proceso y sale en la prensa es una condena previa. Ésto no sólo es injusto sino que tiene un reflejo negativo en la jurisdicción porque la condiciona. La prensa tendría que evitar hacer de la noticia una forma de penalización anticipada para los imputados. Una buena información debería explicar que la apertura de un proceso no es una condena y estimular la duda en vez de ofrecer cómodas certezas.

P. ¿Cuáles son las causas de la irrupción de los jueces frente a la corrupción política?

R. Las razones son complejas y coinciden con la crisis de legalidad qué afecta a democracias contemporáneas en países como Italia, Francia, España, Japón o EE UU. Se expresa en el amplio fenómeno de la ilegalidad del poder y en que los controles administrativos y políticos, o no existen o son ineficaces. En Italia, las dimensiones de la corrupción habían conformado una crisis económicamente insostenible e incompatible con la independencia de los jueces y, en particular, del fiscal.

P. ¿Qué opina de la politización de la magistratura?

R. Es un error hablar de politización de la justicia o viceversa. La justicia estaría politizada si los delitos dejaran de perseguirse por el hecho de haber sido cometidos por políticos.

P. ¿Ve el peligro del gobierno de los jueces?

R. La creciente ilegalidad del poder y la falta de exigencia de responsabilidades políticas da un protagonismo atípico al derecho penal como único instrumento de control y prevención. Pero no es un gobierno de los jueces, en todo caso sería de las leyes. Los poderes públicos no están habituados a considerar el derecho penal como un derecho para todos, se han alterado los términos clásicos de la cuestión penal. Ésta era un sistema de control para perseguir a los ciudadanos comunes, no para los poderosos y hoy ser político no es un factor de impunidad.

P. ¿Qué pasa cuando un juez se empeña en investigar sin base judicial?

R. Ésto no debe suceder. No tendría que haber proceso sin noticia del delito. Pero a veces sucede y es muy negativo para la credibilidad de la justicia. La falta de garantías de los imputados y de la estricta legalidad produce el peligro de una deslegitimación de la propia jurisdicción.

P. ¿Quién controla a los jueces?

R. Es un viejo y difícil problema. Para salvaguardar la independencia sólo cabe el control procesal, vía recurso; la responsabilidad disciplinaria, del Consejo General del Poder Judicial; y el control de la opinión pública. Y, claro, la responsabilidad penal si hay delito.

P. ¿Cuál es su opinión sobre el caso GAL?

R. Lo conozco poco, pero sí puedo decir que en Italia los servicios secretos han sido durante 30 años una fuente permanente de inseguridad para la democracia, y que a la sombra del secreto se han cometido innumerables delitos. La experiencia debería enseñar que la seguridad" de las instituciones depende más de la reducción de los secretos de Estado que de su protección. No se puede en nombre del secreto obstaculizar una investigación penal, se podría establecer una total impunidad del poder.

P. ¿Han salido indemnes los jueces italianos tras el proceso Manos Limpias?

R. El resultado ha sido un fuerte apoyo de la opinión pública a las actuaciones judiciales y una fuerte pérdida de legitimidad de los vi os partidos.

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