Pacto local: reforzar la democracia

Mucho y durante mucho tiempo hemos teorizado los que creemos en el municipalismo sobre la necesidad de alcanzar un pacto local para todo el Estado, que clarifique y potencie el papel de los ayuntamientos.También en la teoría, muchos parecen estar de acuerdo en que hay que reforzar las competencias de las corporaciones locales, para lo que este gran acuerdo nacional sería un instrumento de extraordinaria validez.

Sin embargo, en la práctica, mientras sí que se ha ido avanzando en la configuración del Estado de las autonomías, el de las ciudades se ha estancado y, últimamente, está retrocediendo de un modo sumamente preocupante.

Todo lo que ha hecho el Partido Popular desde que gobierna la nación ha ido en detrimento del poder municipal. Así lo demuestran decretos y decretos-ley promulgados por el Ejecutivo que encabeza el señor Aznar sobre el suelo, las funerarias o el último, de fecha 11 de abril, relativo al impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI). Si a esto añadimos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Suelo, tenemos razones más que suficientes para creer que la derecha está atentando gravemente contra el municipalismo, al vaciar los ayuntamientos de competencias, lo cual significa atacar de forma muy dura y peligrosa una de las patas vertebradoras de nuestro sistema democrático.

En definitiva, podemos asegurar que la alarma está encendida y que, tras 18 años desde las primeras elecciones municipales, los ayuntamientos están en peligro de subsumirse en el sótano del edificio constitucional.

Con la política del PP, las competencias de las administraciones locales pueden quedar limitadas a barrer las calles y arreglar los semáforos, del mismo modo que, por ejemplo en Madrid, han convertido las juntas de distrito en meros buzones de sugerencias, sin ningún poder de decisión y cada vez más lejos de las necesidades de la ciudadanía. Significativo ha sido también el debate sobre el Nuevo Plan General (NPG) habido en este Ayuntamiento, cuyas posiciones han salido estrepitosamente derrotadas en favor de las que defendía la Comunidad de Madrid. Una vez más desde que gobierna la derecha en esta ciudad, el orgullo de nuestra institución ha quedado muy malherido.

Es evidente que hoy más que nunca precisamos ese pacto consensuado por todas las fuerzas políticas que ponga a los ayuntamientos en el lugar que les corresponde, si creemos, como J. Jacobs, que "unas ciudades estancadas por el lastre del pasado coartan de raíz el desarrollo y el florecimiento de sociedades y civilizaciones". Si permitimos que nuestras ciudades queden relegadas y sus administraciones vacías de competencias, corremos el riesgo de perjudicar irreversiblemente el futuro de nuestra sociedad.

Un pacto local tiene que concretar la responsabilidad de los municipios que, a mi juicio, debe ser plena en materia de urbanismo, infraestructuras, educación y servicios sociales.

Si incrementamos las tareas que deben acometer los ayuntamientos, hemos de aumentar a la par su financiación, teniendo en cuenta también su ya tradicional corresponsabilidad fiscal. No debemos olvidar que impuestos como el IBI son recaudados por las corporaciones locales, las cuales, además, fijan sus propias tasas y precios públicos.

El objetivo del acuerdo que proponemos debe ser distribuir los recursos en una proporción del 50% para el Estado, un 25% para las comunidades autónomas y el 25% restante para los gobiernos de las ciudades.

La realidad nos demuestra que no se ha avanzado en esta dirección y que, en el reparto, los ayuntamientos han sido los grandes perjudicados. Desde 1982 no se han modificado sustancialmente sus recursos, mientras que los de las autonomías se han multiplicado por tres. Es tiempo de reivindicar competencias para la administración local, pero éstas carecerían de contenido sin medios para acometerlas.

El otro gran objetivo de este pacto local que propugnamos es desarrollar el municipalismo, como manera eficaz de profundizar y avanzar en nuestro sistema democrático. Desde un punto de vista progresista, el municipalismo es sinónimo de participación ciudadana y un fenómeno cuya naturaleza contribuye al desarrollo de los valores de solidaridad, algo que los socialistas nos preocuparnos por llevar a cabo cuando gobernamos los ayuntamientos. Como decía Enrique Tierno Galván en uno de sus famosos bandos, "tenemos los regidores de las ciudades la obligación de comunicar y hacer partícipes a nuestros naturales y vecinos de las claras y honestas ideas que para mejor vivir en común sirven".

El próximo congreso del PSOE es una ocasión inmejorable para abrir un debate que sirva para reactivar el municipalismo. Los socialistas siempre hemos apostado por los ayuntamientos porque son el medio más directo de participación para el ciudadano y porque sabemos que fomentar el poder de las corporaciones locales sirve para ahondar en lo común y desterrar diferencias, y nunca contribuye a un indeseable desmembramiento del Estado.

Considero esencial para acuñar este gran acuerdo sobre el poder de las ciudades mejorar la gobernabilidad de las mismas. Para ello es preciso reforzar el poder ejecutivo del alcalde, establecer la cuestión de confianza que todavía no existe en los ayuntamientos y considerar mayoría los 3/5 de esta cámara a la hora de plantear mociones de censura.

La capacidad competencial de los alcaldes debe existir también en materia de seguridad, para lo que tendríamos que plantear un modelo diferente al actual en nuestras ciudades.

No tiene mucho sentido que los ayuntamientos no puedan responder a las inquietudes de los vecinos, que son tantas y tan justificables en este aspecto. Por tanto, los municipalistas de izquierdas, cuando menos, debemos abrir este debate, al que, desde aquí, quiero hacer una aportación atrevida. Dejemos que sean los alcaldes los que coordinen las fuerzas de seguridad y las policías locales de su ciudad, sin que esto perturbe sus cadenas de mando. Demos algunas competencias a las corporaciones locales también en lo que se refiere a la implantación de la justicia. Para ello propongo que existan juzgados de paz municipal, de barrio o de distrito que puedan imponer sanciones a quienes cometen infracciones de tráfico o aquellas que se producen en la convivencia ciudadana. Esto en cuanto al orden penal. En el orden civil, estos juzgados de las ciudades pueden atender a las pequeñas reclamaciones de cantidad.

El gobierno municipal mejoraría también si se cambiara la ley electoral. Estoy convencido de que los vecinos se sentirían mejor representados si pudieran elegir a sus concejales por un sistema mixto de listas abiertas. Para las grandes ciudades es preciso hacer una ley que resuelva el insuficiente número de ediles que hoy tienen y que facilite la elección de concejales por distrito. Por último, otras medidas que favorecerían la eficacia de las administraciones locales pasan por la reforma de la Comisión Nacional de Administración Local prevista en la Ley de Bases de Régimen Local o una mayor utilización de los consorcios.

Finalmente, una concepción progresista de los ayuntamientos pasa por su descentralización y democratización. A tal fin considero conveniente regular la iniciativa ciudadana, y dentro de ella la que permite que los vecinos propongan ordenanzas municipales, implantar el referéndum municipal y la consulta ciudadana, crear consejos consultivos municipales para cada área de gestión y sustituir el ineficaz trámite de los periodos de información pública previos a la aprobación de los presupuestos y las ordenanzas por una audiencia pública anual.

El debate está abierto y es necesario desarrollarlo de un modo valiente y decidido. Si el Gobierno del PP consigue que las ciudades pierdan el tren de la historia, perderemos todos y, sobre lo demás, la gran perjudicada será la democracia. Por eso, hoy más que nunca es imprescindible consensuar un gran pacto local y, en el futuro, recuperar los ayuntamientos para Gobiernos progresistas que vuelvan a abrir sus puertas a los ciudadanos.