El Gobierno no nos entiende
En respuesta a interpelaciones durante el debate sobre el estado de la nación acerca de la propuesta de modificación del derecho de asilo en la Unión Europea (UE), el presidente del Gobierno ha dicho que "Amnistía Internacional no nos entiende". Creemos que es el Gobierno el que no nos entiende, ni a Amnistía Internacional ni a las otras organizaciones (como ACNUR y CEAR) que se han opuesto a la medida. En este tema se está, en nuestra opinión, confundiendo a la opinión pública, a la que se hace creer que mantener el deber de los Estados miembros de la UE a estudiar las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de otros Estados miembros de la UE es "proteger a los terroristas". Se llega incluso a confundir la extradición con el derecho de asilo.Conviene aclarar: a) ningún ciudadano español ha conseguido asilo político en la UE desde que España forma parte de dicha organización; b) los presuntos miembros de ETA residentes en Bélgica y Portugal a los que se refiere el Gobierno para justificar su propuesta no fueron entregados a las autoridades españolas debido al rechaze) de la demanda de extradición, y no porque hubieran solicitado asilo.
Los jueces belgas rechazaron la petición de extradición de dos presuntos etarras porque la solicitud se hacía basándose en delitos no reconocidos en los acuerdos de extradición. Por otra parte, las autoridades belgas rechazaron, tras examinarla, la solicitud de asilo que habían presentado dichos ciudadanos. Un rechazo no tuvo nada que ver con el otro. En el caso de Portugal, los jueces han rechazado la extradición por defectos de forma, mientras que, por otra parte, las autoridades denegaron la solicitud de asilo que el mismo presunto etarra había presentado.Esperamos que la opinión pública entienda que ni los miembros de esta organización, ni los de las otras citadas, ni los Gobiernos que se han opuesto a las diversas redacciones de la propuesta (que inicialmente implicaba la supresión total del derecho de asilo) tienen interés en amparar a presuntos delincuentes. Simplemente, estamos convencidos de que mantener el derecho a que se estudien las solicitudes de asilo (que no implica que se concedan si no son fundadas) no supone ningún menoscabo en la lucha contra la delincuencia, como tampoco lo implica mantener el derecho a un juicio justo, y que en todo caso se pueden estudiar los procedimientos para evitar usos fraudulentos de los derechos. Creemos también que la modificación del derecho de asilo en la UE puede generar una peligrosa cascada de modificaciones en otras regiones del mundo. Mientras la Unión Europea no sea un Estado unitario, son los Estados miembros los responsables de atender las solicitudes de asilo, tal como estipula la Convención de GinebraPresidente de la Sección Española de Amnistía Internacional.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- Amnistía Internacional
- Extradiciones
- Deportación
- Esclavitud
- Asilo político
- Presidencia Gobierno
- Democracia
- Refugiados
- ONG
- Inmigración irregular
- Cooperación policial
- Política migratoria
- Víctimas guerra
- Sentencias
- Solidaridad
- Tráfico personas
- Partidos políticos
- Trata de seres humanos
- Política exterior
- Conflictos políticos
- Sanciones
- Migración
- Política social
- Unión Europea