El Tribunal de Baleares establece que Cañellas cometió un delito de cohecho

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentenció ayer que el ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas cometió delito de cohecho en el caso Sóller, pero le absolvió por considerar que ha prescrito. La sentencia reconoce la existencia de un soborno de 50 millones de pesetas que benefició al PP y a la fundación privada de Cañellas, que fue cobrado por la concesión "justa y no delictiva" del túnel de Sóller, en 1988, a un socio del ex dirigente conservador.

Cañellas ha sido durante 13 años presidente del Gobierno balear (1983-1995). "Todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte", parafraseó a los clásicos cristianos Cañellas, aún sin tiempo de leer los 82 folios de la sentencia, cargados de jurisprudencia y de detalles en los que se intenta, por una parte, razonar que la acción del Gobierno balear fue justa y, por otra, desvelar la trama con la que el PP, Cañellas y el ex consejero José Antonio Berastáin ocultaron la dádiva.La sentencia declara que los dos son "criminalmente responsables" de haber admitido el soborno que benefició al PP y a la fundación privada de Cañellas mediante un plan "global y metódico" para ocultar el rastro del dinero negro. El ex presidente y Berastáin fueron absueltos de los, delitos de prevaricación continuada que formulaban la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de IU. Fuentes próximas a la fiscalía anunciaron la intención de recurrir contra el fallo. José María Aznar forzó la dimisión de Cañellas en 1995, al ponerse en evidencia la trama de financiación ilegal del PP.

El tribunal afirma que en la concesión del túnel la actuación del Gobierno balear fue legal y que no existió prevaricación. El pagador de la dádiva, el financiero Antonio Cuart, es absuelto por ser "atípica su conducta", al igual que el ex consejero de Obras Públicas Jerónimo Saiz.