Tres patas y un patíbulo

En 1991, en Maastricht, el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, aceptó que para poder acceder a la moneda única los países candidatos deberían cumplir las condiciones impuestas por Alemania y Holanda: reducir la inflación, controlar el déficit y cerrar el camino a cualquier posible devaluación competitiva, entre otras. Es decir, que España, un país que entonces tenía ya el 16,4% de paro y un PIB inferior en varios puntos a la media europea, seguiría la senda del resto de sus socios y se sometería a un ajuste muy duro.Al mismo tiempo González defendió que la nueva Unión Europa que acababa de nacer diera muestras de solidaridad y creara un Fondo de Cohesión que permitiera ir reduciendo distancias a los países miembros que no alcanzaran la media de la riqueza europea. El presidente del Gobierno tuvo éxito y, gracias a aquella iniciativa, España va a recibir en el periodo 1994-1999, cerca de 1,5 billones de pesetas, es decir casi el 50% del total de dicho Fondo.

Pero 1999 se acerca y los países miembros de la UE tienen que empezar a discutir ya qué pasará con ese dinero a partir de esa fecha. De momento, Alemania y Holanda han decidido aprovechar la última reunión de ministros de Economía y Finanzas para lanzar una roca en el estanque. Quieren dejar claro que en el futuro un país que esté integrado en la moneda única -y que, lógicamente cumpla los criterios de convergencia- no podrá acceder a ese Fondo, independientemente de cual sea su PIB.

Para ello, Bonn y La Haya se refieren al protocolo por el que se creó, que afirma textualmente que estará destinado a países "que tengan un PIB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria y que cuenten con un programa que conduzca al cumplimiento de las condiciones de convergencia económica". España, aunque sigue disponiendo de un PIB inferior a la media europea, cumplirá previsiblemente esos criterios, luego, según Bonn y La Haya, debería quedar, fuera del Fondo.

España, por el contrario, mantiene que el esfuerzo de convergencia no desaparecerá en los países con menor PIB el día que funcione el euro sino que, por el contrario, será más necesario que nunca para mantenerse dentro de los límites permitidos. La situación podría llegar al absurdo: ¿qué sucederá si le expulsan del Fondo de Cohesión y meses después rebasa los límites del déficit o cualquier otro de los criterios de convergencia?

Resultará, además, imposible que la opinión pública de los países afectados no perciba esta medida como un "castigo" injusto, precisamente por haber realizado seriamente un gran esfuerzo. Y que no atribuyan la culpa a los deseos de Alemania y Holanda de promover una rápida ampliación de la UE a determinados países del Este, como Polonia, la República Checa y Hungría. Países del área de influencia germana, en los que Bonn ha realizado grandes inversiones desde la desaparición de la Unión Soviética.

Relacionar el euro, el Fondo de Cohesión y la ampliación se ha vuelto, desde el pasado fin de semana y por obra y gracia de Alemania y Holanda, algo inevitable. A partir de ahora, todo el mundo está sentado en una mesa que tiene tres patas. Sería lamentable que España, Portugal, Polonia, Chequia o Hungria creyeran, además, que esa mesa se puede convertir en un patíbulo. Sobre todo, por que la política de solidaridad de la Unión Europea (con los otros fondos incluidos) supondrá en 1997 un tercio de todo el presupuesto comunitario: es decir, un tercio del 1,27% de toda la riqueza de la Unión Europea. Y porque las en cuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos de la Unión (más del 75%) cree que una de las prioridades de la UE debería ser, precisamente, la solidaridad.