El Gobierno canario paraliza la compra de la antigua sede del Santander en Madrid

El Gobierno de Canarias quería tener una sede de lujo en Madrid. El pasado julio, compró por 3.200 millones de pesetas la antigua sede del Banco Santander en la calle de Alcalá. Un edificio de 9.200 metros cuadrados enmarcado en el corazón de la denominada milla de oro madrileña, cerca del Congreso de los Diputados. Pero la operación ha quedado paralizada por los socios del Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) ante la presión social, que no entendió muy bien que se gastara tanto dinero por una sede en Madrid.

La noche del lunes, la Mesa de Seguimiento del Pacto entre CC y PP decidió paralizar la operación. Sin embargo, este. frenazo en. seco puede resultarle caro a Canarias, ya que la compraventa estaba cerrada y firmada con el Banco Santander, con todos los gastos de notaría e impuestos que eso conlleva. Además, la marcha atrás puede representar costes onerosos de indemnización. Fuentes del Santander confirmaron ayer que el banco había dado por cerrada la operación y que no tenía más información. La entidad que preside Emilio Botín recibió un primer pago, que no ha querido, desvelar, quedando el resto para su desembolso a plazos. El total asciende a 3.219 millones; es decir, a casi 350.000 pesetas el metro cuadrado.La adquisición del edificio suscitó las inmediatas críticas de los partidos de la oposición. El diputado socialista por la provincia de Tenerife José Segura Clavell dice: "No logro explicarme cómo si hace tres años [el Gobierno canario] abrió una oficina de Relaciones Institucionales en Madrid espléndidamente dotada e infrautilizada ha hecho ahora esta fantasmada cuando, entre otras cosas, necesita 7.000 millones de pesetas de sus Presupuestos para hacer los nuevos juzgados". Segura denuncia también que para hacer la operación se utilizó la empresa pública Sofesa, "con evidente incumplimiento de sus funciones originales, que son fines sociales".

Las críticas de Segura fueron compartidas por sectores sociales de las islas e incluso algunos del PP, que desde que se conoció la compra han presionado al Ejecutivo que preside Manuel Hermoso. Y el caso es que la noche del lunes, el comité político paritario que vigila el pacto PP-CC decidió proponer al Gobierno regional la paralización de la compra, que fue formalizada desde la Consejería de Economía y Hacienda dirigida por el nacionalista José Carlos Francisco.

Esperar mejor momento

En la citada reunión, nacionalistas y populares llegaron a la conclusión de que lo conveniente para Canarias y para las relaciones entre estos dos partidos es esperar a un mejor momento en que realizar la operación. Así lo manifestó el presidente del PP de Canarias, José Miguel Bravo de Laguna, quien no quiso profundizar sobre las condiciones que, a su juicio, se deben dar para dar luz verde a la compra. Lo que sí quedó claro es que si ese consenso no se recupera la operación quedará suspendida definitivamente, por lo que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma estudiarán si es necesario pagar al Banco Santander una indemnización y en qué cuantía, informa .

El diputado de CC, Paulino Rivero, señaló que la idea de comprar un edificio en Madrid como sede de la Comunidad Autónoma viene de la época en la que gobernaban las Agrupaciones Dependientes de Canarias y el PSOE. Según Rivero, las actuales instalaciones que tiene el Gobierno regional cerca del Congreso de los Diputados son insuficientes. Además, el nuevo edificio no sólo albergaría a los departamentos del ejecutivo, sino también oficinas de las dos cajas de ahorro canarias, el hogar canario en Madrid y una oficina de promoción turística, entre otras dependencias.

Según Rivero, el consenso existente meses atrás sobre la compra del edificio se ha visto quebrado, quizá porque el ejecutivo no ha sabido transmitir con exactitud las características de la operación. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda no ha podido comparecer ante el pleno del Parlamento para explicar los detalles, porque este mes de septiembre es inhábil. El que sí compareció ante la prensa para dar cuenta de esta adquisición fue el portavoz del Gobierno de Canarias, Esteban Morales, quien aseguró que la compra se realizó según la legalidad vigente.

. Morales aseguró que en el consejo de Gobierno celebrado en marzo se autorizó a dos consejeros, uno de CC y otro del PP, a negociar las condiciones de compra del edificio. Recordó que la elección del citado inmueble se hizo después de analizar otras propuestas y por entender que el precio era razonable. Después de los trámites correspondientes, el consejo de Gobierno del 26 de junio aprobó un decreto por el que se autorizaba un aval de tesorería por 300 millones de pesetas a la Sociedad Canaria de Fomento Económico para suscribir un crédito bancario y así financiar la operación.

Desde el PP se ha negado que la autorización de la compra del edificio haya sido acordada en un consejo de Gobierno. Varios consejeros y ex consejeros del PP han asegurado que en ninguna reunión del ejecutivo se dio permiso para formalizar la compra. Los dirigentes populares, al igual que los del PSOE, también han hecho incapié en el perjuicio que supone para las arcas autonómicas el alto coste del edificio y han recordado que en Canarias hay cuestiones más importantes que resolver.