Justicia genuflexa

LA SALA Segunda del Tribunal Supremo instruye estos días un sumario sobre las eventuales responsabilidades delictivas de dos jueces, dos fiscales y algunos abogados, a quienes otro magistrado acusa de conspiración en el caso Sogecable. Este juez también está sometido a investigación. No es irrelevante que sobre uno de los encausados, el juez Javier Gómez de Liaño, pesen además dos querellas por prevaricación, una interpuesta por miembros del Consejo de Administración de Sogecable y PRISA, y otra de la Asociación de Abogados Europeos en ejercicio de. la acción popular. Como tampoco lo es que los dos fiscales acusados sean dos de los famosos indomables: María Dolores Márquez de Prado, sancionada por falta grave con su traslado fuera de la Audiencia Nacional, e Ignacio Gordillo, suspendido de empleo y sueldo por un mes sin que haya cumplido su sanción medio año después.La opinión pública aspira con razón a que de este preocupante suceso procesal salga algún tipo de limpieza que -en eso parecen coincidir tirios y troyanos- nuestra justicia necesita con urgencia. Pero cabe lugar al escepticismo si contemplamos la pacata actitud del Consejo del Poder Judicial frente a las insolencias que se producen en el sistema y el envalentonamiento de determinados jueces, fiscales y abogados. Están acusados del más grave delito de que puede ser culpable un administrador de justicia, y lejos de respetar los usos procesales, se lanzan sobre las tribunas mediáticas para politizar su caso.

Los procesados en el llamado caso Sogecable son propietarios y administradores de una televisión, y varios de ellos, consejeros de este diario y del Grupo PRISA. Sin embargo, ninguno -que sepamos- ha hecho declaraciones fuera de la sala del juzgado, pese a su facilidad de acceso a los medios. Sin duda, por respeto a los tribunales. Respeto que no guardan el juez Gómez de Liaño o el fiscal Gordillo, que, pese a estar en estos momentos fuera del caso, no tienen empacho en acudir a las tribunas mediáticas amparadas . por los querellantes y el denunciante para exponer sus razones y poner cara de buenos. El magistrado dejó atónitos a los oyentes de la cadena de radio episcopal -que se sigue distinguiendo por su zafiedad mañanera- al decir que la justicia española es "genuflexa, lacaya y servil" por el hecho, a todas luces normal, de que cuando llega a testificar al Supremo un ex presidente de Gobierno -Felipe González- le "baje a recibir un magistrado del Gabinete". Se olvidó decir Liaño que tal magistrado, que cumplía por encargo su deber protocolario, no era otro que el ex marido de su actual compañera sentimental, la fiscal María Dolores Márquez de Prado, imputada en la misma causa que el propio juez. La opinión pública tiene derecho a suponer que Liaño no repara en mezclar probables contenciosos privados con sus temerarios criterios sobre la justicia -la que él no imparte, debemos suponer-.

Pero la aparición estelar de Liaño, reproducida con amor por la televisión del Gobierno, sólo fue el principio de una serie. Antonio García Trevijano acudió poco después al mismo púlpito. Y al día siguiente, el fiscal Ignacio Gordillo. Éste, apartado del caso por las acusaciones de conspiración para delinquir que pesan sobre él, se permitió decir por la antena lo que su superior jerárquico le ha impedido aseverar en la sala. Que un magistrado y un fiscal sometidos a investigación por su posible prevaricación en la instrucción se dediquen a opinar sobre ese caso en los medios debe ser algo sin precedentes en el mundo occidental. Y en el oriental. Y nos habla de la imparcialidad de esas personas en el tema que nos ocupa.

He aquí algunos lamentables ejemplos de lo que venimos diciendo desde hace tiempo y todo el mundo sabe: que los defectos de la Administración de la justicia son evidentes, pero solucionables si existe voluntad política. Los problemas concretos no afectan mayoritariamente a la carrera, sino a un reducido grupo de jueces, fiscales y, naturalmente, abogados. Como el señor Trevijano, o el señor Stampa -letrado del querellante Jesús Cacho, despedido de EL PAÍS por manipular información financiera-, que en un alarde de demagogia procesal se permitió evocar la figura de un asesino que tiene la pistola en la mano para sostener la conveniencia de que Juan Luis Cebrián sea llamado a declarar ante el juez instructor. Sin duda, por su condición de penalista, este letrado conoce bien a algunos asesinos, pero ignora la trayectoria profesional y personal de cuantos han hecho y hacen este periódico, que es, ante todo y sobre todo, un ambiente para la decencia. Naturalmente, Stampa tuvo que acudir a metáforas tan burdas porque le faltaban argumentos técnicos, al punto de aseverar ante el Tribunal que no importa que no haya existido perjuicio para nadie, y que basta el simple de que se pudiera producir, para tipificar un delito de apropiación indebida. Afirmación suficiente para que cualquier alumno de Derecho fuera enviado a casa con un suspenso, pero que sirve a los efectos de difamación puesta en marcha contra el Grupo PRISA.

En definitiva, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Gobierno -a través de la ministra de Justicia y del fiscal general- encaran una enorme responsabilidad. Si de verdad se quiere sanear la justicia, pueden empezar a hacerlo de inmediato, pues a ellos compete tomar medidas y parar tanto desatino, tanta infamia y tales desaguisados. Pero si siguen consintiendo desafueros y despropósitos como los que comentamos, habrá que sospechar que esta -conspiración de los necios tiene alianzas más poderosas.