Hipótesis de Quebec

EL GOBIERNO de Canadá ha querido protegerse con argumentos jurídicos frente a una eventual escisión de la provincia de mayoría francófona de Quebec, y para ello ha acudido al Tribunal Supremo. El tiro, de momento, le ha salido por la culata. Pues más allá de los argumentos jurídicos y de la eventual opinión prejudicial, lo que ha quedado claro, incluso por parte del propio Gobierno federal, es que si los quebequeses votaran claramente a favor de la independencia, sería díficil pararla. Prevalecería la "doctrina de la necesidad".El Gobierno ha recurrido al Tribunal Supremo para que responda a tres preguntas hipotéticas, y que sin duda revisten interés en Canadá: ¿Permite la Constitución canadiense la secesión unilateral? ¿Le confiere el derecho internacional a Quebec esa posibilidad? Si hay conflicto entre el ordenamiento interno y el internacional, ¿cuál prevalece? La decisión de los nueve jueces puede tardar varios meses, y de ella el Gobierno espera sacar una garantía contra una eventual escisión unilateral -el referéndum convocado a favor de la misma en 1995 en Quebec fracasó por escaso margen-, o al menos forzar una negociación con el resto de Canadá.

En esta semana de audiencias, los jueces no se han limitado a escuchar a las provincias, al abogado del Gobierno o al letrado de oficio que habló a favor de los independentistas, ya que el Gobierno quebequés no quiso intervenir. Le han devuelto la pelota a los políticos al plantear preguntas de amplio calado, conscientes, sin duda, de que ésta es una cuestión que rebasa los planteamientos jurídicos. Al Gobierno canadiense le han preguntado qué ocurriría si los quebequeses votaran mayoritariamente a favor de la separación, pero otras provincias se negaran a negociarla. Podría agregarse, ya que estamos en la hipótesis de un Quebec que se separara unilateralmente, que un día quisiera reintegrarse en Canadá. ¿Lo decidiría también unilateralmente?

Los jueces también han puesto en apuros a los independentistas al preguntar si los aborígenes en el territorio de Quebec: forman un pueblo y si, tras una hipotética separación, tendrían, a su vez, derecho ala autodeterminación para permanecer en los territorios y con el estatuto que tienen asignados en Canadá, que en cualquier caso tiene hacia ellos compromisos financieros que respetar. La respuesta del abogado independentista fue, cuando menos, curiosa al defender el derecho a la autodeterminación para los autóctonos, pero no necesariamente a la secesión.

Las preguntas son todas tan pertinentes e interesantes como difíciles de contestar. Pero el recurso del Gobierno al Tribunal Supremo puede haber puesto de manifiesto que la escisión de Quebec, si sus habitantes la aprueban claramente en referéndum, puede no resultar tan difícil. El Gobierno, pese a las contradictorias declaraciones de sus representantes, ha dejado claro que no mantendrá a Quebec en Canadá contra su voluntad, pero que el resto de Canadá querrá decir algo al respecto. La respuesta vendrá no tanto de lo que acabe opinando el Tribunal Supremo, sino del próximo referéndum en Quebec, cuando se celebre. Y puede ser pronto.