La fiscalía pide al Supremo que investigue al senador del PP Tomy por indicios de falsedad

El ministerio fiscal pidió ayer a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que acepte su competencia para conocer de "la posible comisión de un delito de falsedad en documento oficial" por el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, Francisco Tomey, aforado por ser senador del PP. La decisión, a propuesta de los fiscales del Supremo, ha sido avalada por el fiscal del Estado, Jesús Cardenal. Si el Supremo asume el caso, será posible comprobar las sospechas de malversación de más de 3.500 millones de pesetas apuntadas por la fiscalía de Guadalajara, pues Tomey no ha entregado los soportes documentales de los acuerdos presupuestarios de la corporación. El Gobierno y el PP mantienen que éste no es un caso de corrupción, mientras el PSOE insta a José María Aznar a actuar aquí como demandó a Demetrio Madrid.

El escrito del Ministerio Fiscal, registrado ayer en el Tribunal Supremo, se remonta a la denuncia formulada por Jesús Alique, portavoz socialista en la diputación alcarreña, sobre la incorporación en las liquidaciones de los presupuestos generales de la corporación provincial correspondientes a 1991, 1993, 1994 y 1995 de "cantidades ficticias" como pendientes de cobro. La fiscalía del Supremo se remite a las actuaciones practicadas por la fiscalía de Guadalajara de las que, según dice, "se deducen indicios de la posible comisión de un delito de falsedad en documento oficial" de los artículos 302.4 y 9 del Código Penal "vigente al tiempo de los hechos".

Pena de hasta 12 años de cárcel

El precepto invocado castiga con penas de hasta 12 años de cárcel al funcionario público que cometiera falsedad ''faltando a la verdad en la narración de los hechos" o "simulando un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad''. La fiscalía recuerda que las liquidaciones de los presupuestos supuestamente falseados "están firmadas, por Francisco Tomey Gómez mediante el correspondiente decreto".Las actuaciones realizadas en Guadalajara fueron remitidas el 28 de enero a Jesús Cardenal, quien el 9 de febrero las envió a la fiscalía del Tribunal Supremo. La fiscal Pilar Fernández Valcárcel examinó los 1.324 folios procedentes de Guadalajara y consideró que existían indicios delictivos, aún sin haber practicado ninguna nueva actuación. El pasado martes, 24 de febrero, la sección de fiscales del Supremo que preside José Aranda fue in formada por la fiscal Fernández y se acordó pedir al fiscal general que se sometiera el asunto a la Sala Segunda del Supremo.

El miércoles 25 se reunieron con Cardenal los fiscles Aranda, Fernández y José María Luzón y acordaron pedir la competencia del Supremo, dada la condición de aforado de Tomey. El presidente de dicha sala, José Jiménez Villarejo, será ponente de la resolución por la que se decida si se asume el caso.

Fuentes de la fiscalía han resaltado que la elevación del caso al Supremo no supone limitación a la investigación, que no tiene por qué circunscribirse al delito por ahora constatado de falsedad en documento público. Por el contrario, tales fuentes consideran que, una vez que la sala asuma la competencia, será cuando se inicie la investigación judicial que permita confirmar los indicios del delito de falsedad y comprobar las sospechas del de malversación, hasta ahora imposible de investigar, por negarse Tomey a entregar los soportes documentales.

La fiscal García constató que "se ha ocultado mediante apuntes contables mendaces un déficit de más de 3.500 millones de pesetas y se han concertado operaciones de tesorería por importe de más de 7.000 millones de pesetas". Pero no pudo averiguar dónde está el dinero ocultado. Las hipótesis manejadas son que si no aparecen los deudores de los 3.500 millones supuestamente debidos "puede ser porque no hayan existido nunca o porque hayan existido, pero ya satisficieron su deuda, a pesar de lo cual siguen figurando como deudores", según fuentes fiscales.

El único modo de averiguar la solidez de algunas de estas hipótesis sería comprobar los soportes documentales y las listas de deudores y acreedores de la Diputación de Guadalajara, insistentemente pedidos y hasta ahora negados por Tomey. De ahí que las mencionadas fuentes consideren de la máxima importancia el comienzo de la investigación judicial, ya que la petición de tales documentos por el instructor que designe la Sala Segunda del Supremo deberá ser cumplimentada o Tomey incurriría en el delito de desobediencia.