El "caso Marey" sigue hoy con la declaración del jefe operativo del secuestro

La Sala Segunda del Supremo reanudará hoy los interrogatorios a los procesados por el secuestro de Segundo Marey. La vista comenzará con el ex jefe superior de Policía de Bilbao, Francisco Álvarez Sánchez, responsable operativo del secuestro y de los muchos errores que se cometieron. Le seguirá Ricardo García Damborenea, el ex secretario general de los socialistas vizcaínos, hoy en la órbita del PP. El testigo clave de la semana será Julián Sancristóbal, el ex gobernador civil de Vizcaya y teórico enlace con el entonces ministro del Interior José Barrionuevo y su número dos, Rafael Vera.

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya en 1983, fue quien, según el fiscal, actuó de enlace con el ministerio del Interior la noche del secuestro de Segundo Marey y quien habría conversado por teléfono con sus máximos responsables, el entonces ministro José Barrionuevo y el director general de Seguridad, Rafael Vera, que niegan estos contactos. A Sancristóbal le preguntarán también por el maletín con un millón de francos de los fondos reservados de Interior, que habría recibido de manos de Vera para financiar el secuestro.El fiscal y las acusaciones también le acusan de haber redactado, junto a García Damborenea, el primer comunicado de reivindicación del secuestro. Dicho comunicado es el que impone como condición para no matar a Marey la liberación, por las autoridades francesas, de cuatro geos españoles detenidos cuando intentaban secuestrar a otro etarra, José María Larretxea, para tratar de averiguar el paradero del capitán Martín Barrios, que había sido secuestrado por ETA y asesinado de un tiro en la nuca.

De lo acontecido la semana pasada ante el tribunal, el denominador común sigue siendo el intento de los policías de buscar su salvación acusando a Vera y a Barrionuevo, a los que han incriminado con reiteración. Las continuas apelaciones a la "decisión política", las "órdenes del Gobierno" al "visto bueno de Barrionuevo" o a la "cuestión de Estado", parecen ya el comodín con que completar cada respuesta de este grupo de procesados.

Así, el ex subcomisario José Amedo, que abrió el turno de interrogatorios, declaró que incluso el detalle de que su compañero Michel Domínguez hablase al secuestrado en francés para tranquilizarle obedeció a una decisión política del ministerio. Amedo, que cumple en libertad una anterior condena de 108 años de prisión, pronunció la frase del proceso. Le habían preguntado por qué nunca bajó a la cabaña donde estaba secuestrado Marey, a lo que contestó: "Para no estropearme los zapatos".

El testimonio de Domínguez fue el de mayor impacto. Aceptó su participación en el secuestro, pero mantuvo su denuncia sobre las presiones a las que le sometió el juez Baltasar Garzón para que confesara, y sobre todo, ratificó los contactos de su abogado con el actual vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, con la mediación del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez , sobre una oferta de indulto de la que estuvo al tanto el hoy presidente José María Aznar.

Cuentas en Suiza

Domínguez relata en el último número de la revista Tiempo que habló con Garzón sobre las cuentas que él y su compañero tenían en Suiza y que el juez le dijo: "Tienen ustedes margen hasta que envíe la comisión rogatoria para sacar lo que necesiten o vaciar las cuentas; a mí lo que me interesan son las cuentas y me da lo mismo si hay dinero o no".Las autoridades suizas enviaron a Garzón el 17 de enero de 1995 datos de las cuentas abiertas en ese país a nombre de Marian Acedo Morales y Alicia Sánchez Carrión, esposas de los ex policías. El juez anunció a fines de octubre de 1994 su intención de rastrear tales cuentas, pero no fueron bloqueadas hasta enero, con lo que sus titulares dispusieron de dos meses largos para mover los depósitos, según publicó EL PAÍS el 26 de enero de 1995. En esas fechas sumaban un saldo conjunto de 320 millones.

Las defensas de los procesados mantienen estrategias contrapuestas, las mismas que desde la fase sumarial. Vera y Barrionuevo negaron haber ordenado, autorizado y financiado el secuestro, por lo que sus defensores, Manuel Cobo del Rosal y Pablo Jiménez de Parga, respectivamente, buscan fundar la nulidad de actuaciones en las presiones de Garzón sobre los procesados. En esa línea, el explosivo testimonio de Michel Domínguez el pasado día 25, a preguntas de Cobo del Rosal, puede traer consecuencias para la instrucción hecha por Garzón, según algunos juristas.

Pero una eventual declaración de nulidad, si no de toda la instrucción, de al menos algunas de las actuaciones de Garzón, no tendría graves consecuencias para la causa, ya que, al pasar ésta al Tribunal Supremo, el juez Eduardo Móner hizo ratificarse a los procesados en sus declaraciones. Así, la posterior instrucción de Móner habría dejado a salvo de la nulidad las actuaciones viciadas del juez Garzón.