El Gobierno navarro pide a García de Enterría un informe sobre Itoiz

El presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz, ha reconocido que su Ejecutivo ha contratado los servicios del bufete del abogado Eduardo García de Enterría, especializado en Derecho Administrativo, para que analice la maraña jurídica en que se ha convertido el proyecto del embalse de Itoiz. Sanz niega, no obstante, que el costo para las arcas públicas del contrato, decidido en la última reunión del Gobierno el pasado lunes, pero que no se hizo público, vaya a ser de 50 millones, como apunta la Coordinadora de Itoiz. Según el presidente, el dictamen costará "un 10% de esa cifra o menos". Sanz defendió el derecho del Gobierno foral de acudir a un "prestigioso administrativista" como García de Enterría "para estudiar con las mayores garantías jurídicas posibles la viabilidad de un proyecto de la naturaleza de Itoiz-Canal de Navarra". La importancia de la obra justifica, a su juicio, haber prescindido de los servicios jurídicos de la Administración foral. El portavoz del Gobierno, Santiago Cervera, cifró, por su parte, en cuatro millones de pesetas el coste del estudio que García de Enterría acometerá sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre diversos preceptos de la ley de Espacios Naturales de Navarra, uno de los principales escollos jurídicos del proyecto, y otras resoluciones judiciales que determinaron la ilegalidad del embalse. La Coordinadora de Itoiz ha pedido al Ejecutivo información certificada de todos los extremos de esta asesoría. El pasado año, el Gabinete de Sanz decidió contratar los servicios de asesoría de la multinacional Burson Masteller para mejorar la imagen pública del proyecto.