U Gil se queda solo en su defensa numantina del plan urbanístico de Marbella vetado por la Junta

Izquierda Unida y Partido Popular aparcaron ayer sus diferencias con el PSOE para manifestar de forma clara su respaldo a la Junta de Andalucía frente a las andanadas del alcalde de Marbella, Jesús Gil, tras el veto que la Comisión Provincial de Urbanismo dio al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio hace casi un mes. Ambas formaciones coincidieron en que la decisión de Gil de obviar esa resolución y dar aprobación definitiva al plan -pese a que esa es una competencia autonómica- crea una inseguridad jurídica intolerable.

El coordinador regional de IU, Antonio Romero, fue categórico: "La Junta lleva la razón en lo del PGOU". El dirigente instó a los promotores a "no seguir a este aventurero" [por Gil] porque se arriesgarían a que en el futuro fueran demolidas sus construcciones por ilegales. Romero recordó que la aprobación definitiva del plan es competencia de la administración autónoma: "Marbella no puede ser el cortijo de Jesús Gil". El coordinador de IU argumentó que la actitud del alcalde de desoír el dictamen de la comisión supone un agravio comparativo hacia aquellos municipios que se han visto obligados a corregir su plan. Romero, que no suele ahorrar críticas hacia el Gobierno regional, defendió esta vez sin fisuras la posición de la Junta: "La intención de Gil de convocar una manifestación en Sevilla es una chulería impresentable. Si se aplica el plan a Marbella no la va a conocer ni la madre que la parió". Desde el PP, las declaraciones fueron algo más medidas, pero también quedó claro el desmarque de sus dirigentes. Diego Maldonado, futuro candidato a la alcaldía marbellí por el PP, llamó a Gil a reconsiderar su actitud: "Si los expertos han dictaminado que el PGOU no se atiene a la legalidad vigente, el Ayuntamiento debe corregirlo. Si yo estuviera en su lugar acataría lo que dice la ley, que es lo que ha dicho la Comisión Provincial de Urbanismo. Los técnicos de la Junta me merecen un enorme respeto y mientras no se demuestre lo contrario, quien tiene la razón es quien aplica la ley". Maldonado lamentó la inseguridad jurídica que provoca el desacato de Gil al dictamen de la comisión y vaticinó que derivará en un parón de la actividad urbanística que perjudicará al municipio. "Lo deseable es que nos dejemos de personalismos y crispación, que se reconduzca la situación para que se apruebe un plan general que permita el desarrollo de Marbella. El Ayuntamiento debe llegar a un entendimiento con la Junta para reconducir la situación y que no resulte perjudicada la ciudad. La solución no pasa por una manifestación de vecinos de Marbella en la puerta de la Junta, sino por corregir aquellos aspectos [del PGOU] que la comisión no ha considerado correctos", dijo. Intervención del fiscal Los vecinos tampoco se quedaron atrás. La plataforma que los agrupa ha pedido al fiscal que actúe de oficio contra Gil por prevaricación. Inmaculada Gálvez, portavoz de la coordinadora, anunció que dentro de unos días se interpondrá una denuncia contra el alcalde "porque tenía suficiente asesoramiento jurídico para saber que estaba invadiendo competencias". La plataforma ha presentado 67 denuncias ante diferentes juzgados de Marbella por licencias de obras concedidas por el consistorio. Para Gálvez, el alcalde pretende engañar a los promotores "porque sabe que no tiene competencias para dar aprobación definitiva al PGOU". La abogada subrayó que Gil incurre en una "incongruencia" ya que, por un lado denuncia a cinco delegados de la Junta por presunta prevaricación por haber vetado el plan y, al mismo tiempo, da luz verde definitiva con el argumento de que hubo "silencio administrativo" por parte del Gobierno andaluz.