El juez suspende los permisos de Conde hasta que se resuelvan los recursos sobre su situación

El titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Madrid, Francisco Racionero, decidió ayer, en un auto, que Mario Conde debe ser considerado un preso de segundo grado hasta que se resuelvan los recursos interpuestos por el ex banquero contra la revocación de su condición de preso de tercer grado. La resolución judicial supone que el ex banquero no podrá disfrutar de los permisos de fin de semana a los que tenía derecho como preso de tercer grado. El PSOE, IU y Nueva Izquierda se felicitaron por la decisión, valorada como un varapalo al Gobierno.

La clasificación en tercer grado de Mario Conde, recurrida por la Fiscalía, fue aprobada por Instituciones Penitenciarias el pasado 4 de agosto a propuesta de la junta de tratamiento de la prisión de Alcalá-Meco y a pesar de la oposición de la psicóloga y el jurista de la prisiónEn el auto emitido ayer, el juez de vigilancia penitenciaria explica que el ex presidente de Banesto, que cumple condena de cuatro años y dos meses por apropiación indebida de 600 millones y falsedad en documento en el caso Argentia Trust, debe permanecer clasificado como preso de segundo grado hasta que haya una decisión judicial firme sobre la revocación del tercer grado restringido, que fue decidida por el propio juez el 18 de agosto y recurrida por el abogado de Mario Conde, Antonio García de Pablos.

Nuevo recurso

Contra el auto del juez, fechado el viernes 21 de agosto, cabe la presentación de un nuevo recurso en el plazo de tres días. De hecho, el abogado del ex banquero, Antonio García de Pablos anunció ayer que hoy mismo recurrirá el auto "porque no se ajusta a derecho", ya que a su jucio, Conde cumple todas las condiciones necesarias para disfrutar del tercer grado.Por su parte, Racionero reconoce en su auto que la Fiscalía - que recurrió la aprobación del tercer grado a Conde- ha abierto un debate importante: si la resolución no firme de un juez es suficiente para suspender de forma inmediata los beneficios otorgados a un preso por la Administración.

El juez zanja el debate de forma clara: una decisión administrativa, como la adoptada sobre Mario Conde por Instituciones Penitenciarias, no debe prevalecer sobre una resolución judicial, al menos hasta que una norma expresa así lo establezca.

Así, el juez argumenta que "carecería de coherencia el que desplegara sus efectos una resolución administrativa ya revocada, por entender que no es adecuada a derecho, y quedara suspendida la efectividad de la judicial hasta el agotamiento de las circunstancias. Ello iría en contra, incluso, del actuar general de la Administración penitenciaria, creando una discriminación no justificada respecto de otros penados".

Frente a esta consideración, el recurso del abogado de Conde contra la revocación del tercer grado a su cliente destacaba que "la Administración Penal ha actuado de acuerdo a la Ley y, por tanto, a los jueces no les queda sino comprobar que esa decisión administrativa se ajusta a derecho".

La reclasificación de Mario Conde, tras apenas cuatro meses de estancia en prisión y con el juicio del caso Banesto - en el que se piden para el ex banquero penas de 30 años de prisión- abrió un debate importante sobre las competencias de jueces y Administración en la aplicación de las penas. Las asociaciones de jueces y de fiscales, así como el presidente del Tribunal Supremo solicitaron un mayor control judicial sobre el cumplimiento efectivo de las condenas.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Efe destacaban ayer que, pese a la resolucióndel juez, Mario Conde, como preso de segundo grado, podría disfrutar de hasta 36 días de permiso al año en periodos de no más de siete días si así lo acuerda la junta de tratamiento de la prisión de Alcalá-Meco y siempre y cuando lo autorice el juez de vigilancia penitenciaria. Como preso de tercer grado, Conde tenía derecho a dos fines de semana en libertad al mes y a otros 48 días a lo largo del año.

El PSOE, IU y Nueva Izquierda manifestaron su satisfación por la decisión del juez y la calificaron de "acertada". Luis Yáñez, director de la oficina del candidato socialista José Borrell, destacó que el juez Racionero "ha enmendado la plana al Gobierno" al revocar la concesión del tercer grado a Mario Conde y se preguntó "cuánto tardará el Gobierno en trasladar a este juez a una isla perdida". El portavoz adjunto del grupo parlamentario Socialista, Luis Martínez Noval, destacó que "el sistema, al menos no es malo, ya que se ha garantizado la tutela judicial efectiva".

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Felipe Alcaraz señaló que la decisión del juez es "absolutamente acertada" y conecta con "la sensibilidad social". Alcaraz recordó que su grupo parlamentario presentará a principios de mes una proposición de ley para que el control del cumplimiento de las sentencias dependa del Poder Judicial.

Desde Nueva Izquierda, su secretario general, Diego López Garrido, señaló que "este caso prueba que hay que cambiar la Ley General Penitenciaria en su integridad". También hubo reacciones desde el estamento judicial.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a través de su secretario, José Luis Requero, declaró que la decisión del juez Racionero "hay que enmarcarla en la normalidad dentro del cumplimiento de la normativa vigente". Roquero subrayó que la APM aboga por un cambio normativo para que los jueces administren los beneficios penitenciarios.