Andorra abre el debate parlamentario sobre su liberalización financiera

El Gobierno andorrano ha entregado a la Cámara parlamentaria los proyectos de ley que han de dar luz verde a la apertura bancaria que se deriva de la Constitución de 1993. El proyecto, que prevé la concesión de tres nuevas licencias bancarias hasta el 2000 y autorizar participaciones mayoritarias de capitales extranjeros, ha generado acusaciones cruzadas entre el sector bancario asentado en el país y la Administración.

El proyecto empezará a discutirse el martes en la comisión parlamentaria de economía presidida por Marc Pintat. Las críticas han tenido un origen: todas las entidades bancarias que operan en el país, siete, acusan a los políticos de liberalizar a destiempo, sin prever los cambios que se producirán en Europa a partir de 1999 con el euro. El momento tampoco es bueno debido al malestar que existe en España por el crecimiento del contrabando de tabaco desde Andorra. Sólo hace falta añadir a esta tensa coyuntura el temor del Ministerio de Hacienda español a que la liberalización en Andorra (que califica como el paraíso fiscal más próximo) acabe en una salida fácil para los cuatro billones de pesetas de dinero negro que debe aflorar antes del 2002. Esta delicada coyuntura es reconocida sotto voce por casi todos los implicados, sean políticos o banqueros. Por una parte, el complejo mundo electoral andorrano y la proximidad de las elecciones parroquiales hace que los políticos se muevan con pies de plomo; por la otra, el sensible sector bancario se muestra poco propenso a conversar sobre el origen fiscal de sus depósitos.