Las investigaciones judiciales cercan a la CEV

» Abril de 1995. La Consejería de Trabajo, dirigida por los socialistas, impulsa una auditoría sobre la gestión de las ayudas públicas a la CEV y Cepymev para los fondos de formación. » agosto de 1995. La Inspección de Trabajo, con la conserjería ya en manos de José Sanmartín y el gobierno del PP y UV, entrega un informe que constata irregularidades en la gestión de los fondos y recomienda el traslado del caso a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano "por si los hechos fueran constitutivos de delito". » 16 de mayo de 1996. La fiscalía del TSJ reclama el informe de los inspectores a la consejería de Trabajo después de que trasciendan las supuestas irregularidades en la CEV. Sanmartín, sin explicación oficial ni justificación aparente, desoyó la recomendación de la inspección y no facilitó el informe a la fiscalía. Poco después, el fiscal Javier Carceller inicia la investigación de los hechos en cooperación con cuatro inspectores. » junio de 1996. Varios inspectores se personan en la consejería, por orden del fiscal, para analizar toda la documentación relacionada con el caso. » 9 de junio de 1996. Sale a la luz parte del informe inicial de la Inspección de Trabajo. Luis Espinosa, responsable de la gestión de los fondos de formación como secretario general de la CEV, favoreció, dice el informe, con 40 cursos a IFNE, una academia de la que era accionista su cuñado. IFNE ganó con los cursos casi 50 millones de pesetas, el 89% de su facturación hasta la fecha. » 11 de junio de 1996. El PSPV y EU piden en las Cortes una investigación sobre los fondos de formación, financiados con dinero público. El PP, que apoya la propuesta, no ve irregularidad alguna en la actuación de Espinosa, que ya ha sido nombrado secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional. » 12 de junio. La CEV reclama "respeto a la presunción de inocencia", el PSPV acusa de negligencia de Sanmartín y éste descarga toda la responsabilidad en el anterior Consell al resaltar que las supuestas irregularidades se cometieron entre 1993 y 1995, cuando el PSPV gobernaba la Generalitat. » 13 de junio. Sanmartín pide que se investiguen todos los cursos de formación realizados durante el gobierno socialista. » 14 de junio. La fiscalía amplía envía a varios inspectores a la sede de UGT. La consejería, aún con el PSPV en el poder, consideró que el sindicato no justificó 229 de los 750 millones de pesetas qeu recibió para formación en 1993. UGT completó posteriormente la documentación. : » 18 de junio. El Sindicato Independiente se querella contra Sanmartín por supuesta prevaricación al entender que obstruyó la investigación judicial. El TSJ archiva el caso. » 9 de julio. Sanmartín niega cualquier responsabilidad del PP y afirma: "Estamos aterrorizados por la gestión un tanto exótica de los socialistas". » 14 de febrero de 1997. Tras meses de investigar la compleja documentación, el fiscal encargado del caso se inhibe al comprobar que la investigación podría salpicar a un conocido. El Juzgado de Instrucción número 15, cuyo titular es Vicente Ríos, se hace cargo del asunto al estar investigando una denuncia anterior a la actuación de la fiscalía y posiblemente relacionada con los hechos. Ríos investiga la denuncia presentada contra una academia privada favorecida por los fondos de formación por un supuesto delito de falsificación de documento. El resto del expediente lo envía al decanato de los juzgados para su distribución a otros jueces. » febrero de 1997. Así, las posibles irregularidades cometidas por algunas de las 42 academias favorecidas con los 6.000 millones de los fondos de formación son trasladadas otros juzgados. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia se encarga de la investigación contra la CEV y Cepymev. Ni los jueces, ni los fiscales, ni la propia patronal saben cuántos expedientes hay abiertos por el caso de los fondos. » 14 de marzo. La juez Teresa Serra archiva la denuncia contra la CEV y Cepymev. Considera que el supuesto delito de falsificación de documento ha prescrito. » 14 de junio. El juzgado número 15 hace lo propio con la denuncia contra la academia privada. No encuentra al supuesto culpable -alguien justificó con una firma la presencia en un curso de un alumno fantasma- de otro delito de falsificación. » 28 de agosto. La fiscalía remite nuevos resultados de sus pesquisas a los juzgados. El número 9 recibe esta documentación, y el magistrado estudia si la asume o la remite a los juzgados número 15 o 6, que ya han investigado en este caso. » 2 de octubre. El Tribunal de Cuentas afirma en un informe que la CEV cobró cursos que no se hicieron y manipuló facturas por 107 millones de pesetas para justificar gastos inexistentes. La fiscalía de ese organismo decide remitir el informe al TSJ para que investigue "un presunto hecho delictivo". » 13 de octubre. El Juzgado número 9 de Valencia pide información al número 15. Sigue sin decidir si se hace cargo de la documentación que recibió en agosto de la fiscalía o deja el caso en manos del juez Ríos, que recibió la primera denuncia de esta tortuosa investigación judicial.