La detención del senador vitalicio coloca al borde de la ruptura la coalición de Gobierno en Chile

La detención de Pinochet en Londres y su posible enjuiciamiento ha asestado, por paradójico que parezca, un golpe a la coalición gubernamental chilena (conocida como Concertación), cuyos partidos miembros están en la incómoda posición de defender la inmunidad del ex dictador. Los máximos dirigentes de los dos principales partidos de la coalición, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS, duramente reprimido por la dictadura), fueron incapaces ayer de ocultar sus discrepancias tras hacer pública la primera declaración desde la detención de Pinochet.

Tras la lectura del breve comunicado, que no respalda explícitamente al Gobierno, la DC -partido que mantuvo una actitud ambigua respecto al golpe militar del 11 de septiembre de 1973-, a través de su presidente,Enrique Krauss, pidió la palabra para precisar que su partido apoya al Ejecutivo "porque la defensa del Estado de derecho en este caso es la inmunidad jurisdiccional de Pinochet, lo que no implica la defensa de los hechos imputados al general". Por su parte, Ricardo Núñez, presidente del PS, afirmó que "el caso de Pinochet no es un problema de Estado", y que "los derechos humanos no tienen fronteras". La declaración de la Concertación dice, en pocas palabras, que "la situación creada es consecuencia de la masiva violación de los derechos humanos cometida durante la dictadura de Pinochet"; entiende que "el Gobierno de Chile precise y defienda el alcance de la inmunidad que corresponde a personas cuando se les ha asignado misiones diplomáticas especiales", y concluye que "los hechos demuestran que las heridas en relación a los derechos humanos en Chile aún permanecen abiertas".

Fue un comunicado del Ejército, difundido el sábado nada más conocer la detención de su antiguo jefe supremo, el que mencionó por primera vez que el senador vitalicio se encontraba en el Reino Unido en una misión especial del Gobierno chileno, para la cual "estaba acreditado como embajador extraordinario y plenipotenciario".

El jurista Santiago Benadava, especialista del Ministerio de Asuntos Exteriores en resolver cuestiones espinosas, viajó ayer a Londres en la que se presenta como su misión más difícil. A la salida de Santiago dijo desconocer en qué consistía la misión especial de Pinochet.

El único punto de coincidencia en la polarizada clase política chilena en estos días de tensión es que el ex dictador, por extraño que parezca, cometió un gravísimo error al viajar a Londres.

Desde las filas de la derecha pinochetista ya hay quien empieza a pedir explicaciones y pregunta quién aconsejó al jefe viajar a la capital británica. El general Hernán Ramírez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, admitió que hubo un error de apreciación, y dijo que "hubo una falla" en los que asesoraron a Pinochet para hacer el viaje.

Desde la izquierda se subraya la fuerte personalidad del antiguo general, poco dado a escuchar consejos. "Nunca creyó que los tratados internacionales son para ser cumplidos, porque nunca creyó en el derecho. Pues bien, ahora ha llegado la hora de la verdad", comentó a este diario el destacado jurista Hernán Montealegre, quien hace un año fue consultado por los jueces españoles que instruyen los sumarios contra el ex dictador.

Desde la detención de Pinochet, se han producido incidentes aislados en la capital chilena contra intereses españoles. Pero ayer, el alcalde del distrito santiagueño de Providencia, Christian Lebbé, un teniente coronel retirado, fue más allá y tomó una drástica decisión: suspender todos los permisos para aparcar y cancelar la recogida de basuras a todas las oficinas diplomáticas españolas (embajada, consulado y la oficina de cooperación internacional, entre otras). Y todo ello, "hasta que el general sea liberado", aseguró tajante Lebbé.