Los partidos políticos responsabilizan a Eduardo Zaplana del fracaso del pacto sobre la lengua

Los partidos políticos del arco parlamentario, a excepción del Partido Popular, responsabilizaron ayer al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de hacer fracasar el pacto lingüístico. El PP reunió ayer a todos los portavoces parlamentarios para conocer su disposición a negociar, aunque sin presentar propuesta alguna. Simultáneamente, el consejero de Educación, el popular Francisco Camps, explicaba públicamente que la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua ya era un éxito, aunque ésta no se constituya. A la vez, el PP trasladaba anoche su última propuesta a los socialistas: ocho partidarios del secesionismo lingüístico, Calomarde, Bellveser y Tarancón y 10 filólogos.

El Partido Popular desplegó ayer una amplia actividad política que no impidió que el resto de partidos acusasen al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de conducir al fracaso las negociaciones para acabar con el conflicto lingüístico. El portavoz parlamentario popular, Fernando Castelló, convocó al resto de grupos políticos para "conocer la predisposición" de todos ellos para consensuar la candidatura de los 21 académicos. Sin embargo, en la reunión, Castelló no presentó propuesta alguna y se limitó a reflexionar sobre la necesidad de trasladar la actual composición de la Cámara a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El portavoz socialista, Antonio Moreno, explicó que había acudido a la reunión convocada por el Grupo Popular por "deferencia" y para intentar llegar a una solución, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. "No vamos a avalar [como candidatos] a quienes están en contra de la ley, sino a quienes respondan al perfil que establece la ley". Glòria Marcos, de Esquerra Unida-Els Verds, calificó la reunión como "una escenificación del PP y de Zaplana para ocultar el fracaso de su iniciativa para cerrar el conflicto lingüístico". Marcos criticó a Castelló por no llevar ninguna propuesta. Fermín Artagoitia, de Unión Valenciana, recriminó a Castelló que hubiese convocado la reunión para hablar de "generalidades" sin presentar ninguna propuesta concreta. "Es el reconocimiento del fracaso de Zaplana y del dictamen del Consell Valencià de Cultura". Albert Taberner, de Nova Esquerra y en representación del Grupo Mixto, repitió las críticas y señaló: "Corresponde a Zaplana garantizar el perfil de los académicos que marca la ley. La responsabilidad es suya". Casi al mismo tiempo, el consejero de Educación, el popular Francisco Camps, compareció junto al portavoz del Consell para expresar la posición oficial del gobierno autonómico. El responsable de Educación reconstruyó el proceso remontándose a septiembre de 1997, cuando el pleno de las Cortes asumió por amplia mayoría la propuesta de Zaplana de solicitar al Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre la cuestión lingüística. Camps destacó la condición de históricos de los acuerdos de las Cortes en torno a la solicitud del dictamen y en torno a la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre los que se produjo el dictamen del CVC después de "intensas" negociaciones. Camps insistió en negar la sensación de fracaso en torno a la elección de los miembros de la entidad normativa y atribuyó a "filtraciones" por parte de personas "que no han sabido estar a la altura" los problemas para cerrar el conflicto. Tras la comparecencia del consejero, el Partido Popular estableció un nuevo contacto con los socialistas para explicarles cuál era su última propuesta. De los 21 académicos, ocho serían miembros de la Academia de Cultura Valenciana, entidad que se ha convertido en el baluarte del secesionismo lingüístico. Otras tres plazas serían para el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Manuel Tarancón, el periodista de Las Provincias Ricardo Bellveser, y para el ex diputado del PP Joaquín Calomarde. Las otras diez plazas podrían ser para filólogos propuestos por el PSPV. Los socialistas calificaron de inaceptable la propuesta y ofrecieron a los populares una relación de nombres de talante conservador e, incluso, con afiliación al PP pero que cuentan con el aval del mundo académico y científico. Una propuesta que fue rechazada de plano por los dirigentes populares. Hoy concluye el plazo fijado en la ley de creación de la Acadèmia para elegir a sus miembros.