El modelo de Estado

Las elecciones en el País Vasco han propiciado la reapertura del debate sobre el modelo de Estado nuevamente. Esta reapertura pretende ocultar e ignorar los intereses colectivos del pueblo andaluz, como ya se intentó sin éxito hace veinte años. Para nosotros, el problema radica en primer lugar en un fallo de planteamiento: no se trata de que catalanes, vascos y gallegos se enfrenten al resto de España, porque tal resto de España no existe. Quienes aceptan este planteamiento están ignorando los veinte años de desarrollo autonómico (un desarrollo liderado por el pueblo andaluz), y están rechazando implícitamente la propia realidad del Título VIII de la Constitución, donde no se habla en absoluto del resto de España, sino de Comunidades Autónomas diferenciadas, con su propia configuración institucional. Aceptar la propuesta del nacionalismo vasco y catalán supone aceptar la equivocada opinión de quienes, durante estas dos décadas, no han creído en la existencia efectiva del Estado Autonómico. Supone igualmente la victoria de quienes han subsistido en la lógica franquista de la desconfianza hacia la pluralidad de los pueblos de España y en la creencia de que un gobierno central fuerte es la única solución a la hora de articular los intereses generales del Estado. Es como entrar en el túnel del tiempo y volver al pasado. Esa desconfianza es la que ha inspirado a las mayorías gobernantes en Madrid, y la que ha influido al mismo tiempo en la interpretación que el Tribunal Constitucional ha venido haciendo del Título VIII. Todas esas posiciones se caracterizan por su carácter anticuado e históricamente desfasado: cuando nos enfrentamos a la frontera del siglo XXI, resucitar viejos argumentos de conflictividad sobre las naciones y el Estado es una forma de volver la espalda a nuestro auténtico desafío, la Europa de las regiones. Todas las proclamas y manifiestos que se vienen sucediendo ignoran que la nueva realidad es la de un mercado europeo unido y sus exigencias de cohesión social, que deben romper con las fronteras norte y sur. Esas exigencias de cohesión determinan un principio irrenunciable de igualdad de todos los pueblos a la hora de enfrentarse a la atención de sus necesidades básicas. A diferencia de la posición de nuestros socios socialistas de gobierno, nosotros no entendemos que la única forma de asegurar la igualdad y la solidaridad sea un Estado centralista fuerte, porque ésa era en todo caso una hipótesis correcta en la ideología del siglo XIX pero no en el siglo XXI. La experiencia nos demuestra que un estado centralista fuerte sigue disponiendo a través de su presupuesto anual de los recursos esenciales para los distintos territorios, rompiendo así con la lógica del Estado Autonómico: tal y como han hecho los gobiernos socialista y popular durante las pasadas décadas. Es esa misma lógica la que ha producido desde 1993 el desarrollo asimétrico de nuestro modelo territorial. Al mismo tiempo, creemos que la única forma de asegurar un principio de solidaridad en el contexto de la pluralidad territorial europea es normalizar el sistema de financiación autonómica, eliminando las quiebras territoriales y asegurando un perfecto principio de igualdad: nadie duda por ejemplo de que el sistema de la Seguridad Social genera efectos solidarios, porque la caja que lo administra integra las cotizaciones de todos y atiende a todos, sin que ello suponga centralismo ni decisiones políticas asimétricas. La financiación autonómica debería ajustarse a la misma premisa, eliminado tanto las interferencias de los territorios privilegiados como la propia interposición del Estado central. Los andalucistas, hasta ahora, hemos considerado que es posible una interpretación de la Constitución lo suficientemente abierta para permitir -sobre todo a las comunidades que como Andalucía accedieron al primer nivel autonómico por una decisión democrática de sus ciudadanos- un mayor grado de autonomía política y financiera. Entendemos, pues, que las demandas de desarrollo diferencial de ciertos pueblos del norte se basan en la existencia de pautas de cultura, lengua y tradición que, para nosotros, son tan respetables como las que afectan a la cultura y a la tradición de Andalucía. Ellos son diferentes, como nosotros también somos diferentes: todos somos iguales en nuestras diferencias. Por eso, políticamente no podemos coincidir en todo con nuestros socios de gobierno. Por supuesto que nos une una preocupación similar por los principios de igualdad y solidaridad, pero nos separa la forma de conseguir estos valores. Lógicamente, los andalucistas trataremos de integrar nuestras fuerzas con el resto de los partidos políticos contrarios a la consagración de privilegios: pero a estas alturas consideramos que tenemos derecho a pedir, al menos, un poco de respeto al Estado autonómico consolidado a lo largo de décadas. Que el presidente de la Junta se atribuya el papel de defensa de los intereses del resto de España es un sinsentido, porque institucionalmente sólo puede asumir la defensa exclusiva y diferenciada de los intereses de Andalucía. Nuestra postura acerca de la reforma de la Constitución no se ajusta a ningún dogmatismo: hasta ahora hemos considerado que es posible una interpretación y una ordenación del Título VIII de la Constitución ajustada a la realidad plural del Estado. Y así confiamos en la interpretación del Tribunal Constitucional en los recursos planteados por la Junta de Andalucía. Pero si las decisiones del Tribunal Constitucional siguen el sesgo centralista que hasta ahora vienen presentando, entonces no habrá más remedio que entender que la "apertura de la tarta" es una necesidad ineludible consecuencia del propio desarrollo del Estado autonómico.