El Gobierno de CiU reclama un cuerpo de funcionarios judiciales propio para exigirles que sepan catalán

El Consell Executiu de la Generalitat aprobó en su reunión del pasado martes una propuesta para reclamar una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita la creación de un cuerpo catalán de funcionarios de la Administración de justicia. El Gobierno de CiU desea esta reforma para que la Generalitat amplíe sus competencias actuales y pueda establecer los requisitos de acceso a la Administración de justicia. De esta manera se podrá, por ejemplo, obligar a los futuros funcionarios a que conozcan la lengua catalana si quieren obtener una plaza en un juzgado. Del mismo modo, el Gobierno catalán entiende que así podrá controlar más y mejor a estos funcionarios, tal y como ocurre con otros colectivos que dependen de la Administración autonómica. Esa reforma comportaría que el Departamento de Justicia podría fijar el horario laboral de los funcionarios, controlar su cumplimiento, definir el régimen disciplinario, crear nuevas categorías y organizar el funcionamiento interno de cada juzgado, para crear un jefe de personal y eximir al secretario judicial de las funciones que actualmente tiene sobre los funcionarios. La propuesta del Consell Executiu se ha realizado después de que la consejera de Justicia, Núria de Gispert, la plantease sin éxito al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Ahora, será tramitada por el Parlament, donde se espera que todos los grupos políticos, a excepción del PP, la apoyen. Después, será debatida en el Congreso, donde necesita dos tercios de los votos para prosperar, algo imposible de lograr sin el concurso del PP y el PSOE. El Tribunal Constitucional sentenció en su día que los funcionarios judiciales son un cuerpo nacional, lo que hace de los juzgados de Cataluña un lugar de paso para un porcentaje importante de estos trabajadores, que eligen ese destino a la espera de conseguir otro mejor en su respectiva comunidad. Los sindicatos del personal de justicia se oponen a la iniciativa de la Generalitat por entender que perderían los derechos adquiridos, aunque la propuesta precisa que serían respetados. Pasaportes y DNI El Gobierno catalán aprobó también una proposición para modificar las normas estatales con el objeto de permitir que los DNI, los pasaportes y los permisos de conducir se redacten en la lengua autonómica correspondiente y en castellano, por este orden.