La Audiencia Nacional decidirá el futuro del "Gran Barajas"
La ampliación del aeropuerto de Barajas ha pasado a manos de los jueces. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso presentado en 1996 por 14 ayuntamientos contra la declaración de impacto ambiental de la tercera pista de Barajas, elaborada por el anterior Gobierno socialista. Los regidores basan su recurso en que las mediciones que se realizaron para calcular la contaminación acústica que iba a producir la tercera pista son erróneas.La declaración de impacto, ahora puesta en tela de juicio, es el documento sobre el que se fundamenta toda la ampliación del aeródromo y que detalla las medidas legales, medioambientales, de seguridad y correctoras que han regido, y seguirán haciéndolo, las obras de ampliación. Surge así un nuevo escollo legal para el Ministerio de Fomento, cuando éste creía haber salvado casi todos los trámites para encarar de forma definitiva el Gran Barajas, un proyecto de 165.000 millones de pesetas, en el que se incluye, además de la tercera pista y de la recién estrenada torre de control, otra terminal y nuevos accesos.
Los ayuntamientos que se consideran afectados por la construcción de la nueva pista (de los 14 que firmaron el recurso en 1996 sólo 9 se mantienen beligerantes) y el Gobierno central tienen hasta el 2 de diciembre para presentar en la Audiencia sus últimas documentaciones, según anunció ayer el alcalde de Coslada, José Huelamo, de IU.
Huélamo explicó que los ayuntamientos discreparon siempre de la declaración de impacto. El regidor recordó, además, que, después de mantener varias reuniones con los representantes ministeriales de entonces (la cartera la desempañaba el socialista José Borrell), decidieron poner el asunto en manos del despacho de abogados Beamount Aristu. Estos letrados son los autores, por ejemplo, del recurso contra la presa navarra de Itoiz.
El recurso, admitido a trámite, también fue presentado en la Corte Internacional de Conciliación y Arbitraje Ambiental, organismo asesor de la Unesco.
"El abogado del Estado dijo que no era procedente, pero nosotros insistimos. Hace una semana, la Audiencia nos notificó finalmente que lo admitía", anunció la alcaldesa de San Fernando, Montserrat Muñoz, de IU. La notificación coincidió con la puesta en marcha de la tercera pista (la más larga de Europa y con un coste de 30.000 millones de pesetas) el pasado jueves.
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Informes técnicos
Nueve alcaldes afirman que la tercera pista dispara el ruido en todo el entorno de Barajas
Los nueve alcaldes acordaron estudiar, según Efe, si era posible presentar recursos contra ambos planes. Montserrat Muñoz anunció que los "técnicos municipales elaborarán informes jurídicos al respecto". Recordó que los municipios creen que el plan de emergencia no responde a todas las situaciones de riesgo que podrían darse en las poblaciones cercanas al aeródromo madrileño y que el Ministerio de Medio Ambiente ha pedido que Fomento realice una nueva huella sonora.Los municipios acordaron también buscar un equipo de especialistas en ruidos para que los represente en la Comisión de Valoración del Ruido y Contaminación Ambiental, que delimitará la huella sónica final de las operaciones.
La regidora de San Fernando apuntó que los ayuntamientos enviarán una carta a sus vecinos informándoles de la situación en la que se encuentra el plan de aislamiento y las próximas actuaciones que van a seguir en Barajas.
Los nueve alcaldes, que consideran que la nueva pista ha disparado el ruido en todo el entorno, también decidieron continuar sus reuniones con los representantes del Ministerio de Fomento "para abordar cuestiones de la declaración de impacto que no se consideran correctas", según aseguró Montserrat Muñoz.
"Los municipios del norte, que antes apenas estaban afectados por el ruido, ahora sí lo están, y los del sur del aeródromo, que ya lo padecíamos, hemos visto cómo se ha incrementado el tráfico y, por lo tanto, también el ruido sobre los vecinos", resumió la alcaldesa de San Fernando de Henares.
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