La Fiscalía Anticorrupción investiga la gestión de Laiglesia y Espinosa al frente de la CEV

La Fiscalía Anticorrupcíón ha abierto diligencias penales para esclarecer el supuesto uso irregular de fondos públicos en el que pudieron incurrir, entre 1993 y 1995, José María Jiménez de Laiglesia y Luis Espinosa, ex presidente y ex secretario general, respectivamente, de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Esta instancia será la encargada de depurar las posibles responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los antiguos mandatarios de la patronal, acusados por el Tribunal de Cuentas de usar indebidamente al menos 191 millones de pesetas.

Un portavoz de la Fiscalía Anticorrupción confirmó ayer que este departamento de la acusación pública ya tiene en su poder toda la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, el órgano de control articulado por el Estado para controlar, perseguir y juzgar cualquier manejo irregular de fondos públicos cometidos dentro o fuera de la Administración. El estudio preliminar realizado por esta instancia judicial, que fiscalizó el uso de los fondos de formación realizado por varias organizaciones empresariales de toda España, es demoledor respecto a la patronal valenciana: la CEV cobró cursos inexistentes, duplicó y hasta cuadruplicó facturas para intentar justificar el gasto de 107 millones de pesetas aportados por la Fundación para la Formación Continua (Forcem) y la Generalitat. Por ello, el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, decretó la apertura de la investigación penal del caso tras el estudio de la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, que no escatima calificativos para con la gestión de Jiménez de Laiglesia y Espinosa, actual responsable de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Presunto delito "Al encontrarnos ante la existencia de un presunto hecho delictivo, será procedente que se proceda a la apertura de una investigación en la jurisdicción penal", reza el informe. La instancia adecuada para iniciar esta investigación es la Fiscalía Anticorrupción, el departamento competente para investigar cualquier irregularidad en relación con el destino de fondos públicos procedentes de la Unión Europea. Esta atribución de la Fiscalía Anticorrupción ha aconsejado al Tribunal de Cuentas a encomendar a esa instancia, con sede en Madrid, y no a sus homólogos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la investigación penal del caso, que no ha hecho sino comenzar a andar. Si la depuración de las responsabilidades penales recae en el departamento presidido por Jiménez Villarejo, la petición de responsabilidades por parte del Estado se dilucidará en el seno del Tribunal de Cuentas. Esta instancia ya ha abierto un juicio de cuentas, un instrumento concebido por el legislador para que el Estado intente recuperar, si el veredicto del tribunal así lo establece, el dinero público supuestamente malversado por funcionarios, gobernantes o cualquier entidad independiente. El abogado del Estado y el fiscal del Tribunal de Cuentas solicitarán la devolución de 191 millones de pesetas, más los correspondientes intereses de demora, a Jiménez de Laiglesia y Espinosa, contra los que se dirigirán los cargos. El proceso abierto, en el que, obviamente, el ex presidente y ex secretario general de la patronal valenciana estarán asistidos de un abogado, no implica acusación formal alguna contra la CEV, sino sólo contra sus antiguos mandatarios. Este periódico no pudo localizar ayer ni a Enrique Abad, responsable de la fiscalía del Tribunal de Cuentas, ni a José Antonio Sainz, teniente fiscal. Triple investigación El inicio del juicio de cuentas y la investigación emprendida por la Fiscalía Anticorrupción se superponen a la iniciada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. El titular de esta instancia, que recibió el pasado 28 de agosto los resultados preliminares de la investigación de la Fiscalía del TSJ, está estudiando toda la documentación relacionada con el caso. Ésta se concreta, además de en el informe de la acusación pública, en los expedientes abiertos (y sobreseídos) en su día por otras dos instancias judiciales, los Juzgado de Instrucción números 6 y 15 de la capital de la Comunidad Valenciana. El magistrado decidirá si inicia la investigación, la archiva o la traslada a otro colega tras el estudio de la documentación demandada. Los mencionados jueces abrieron sendos procedimientos en relación con el uso realizado por la CEV de los fondos de formación entre 1993 y 1995, pero las dos instrucciones fueron archivadas. En ninguno de los dos procesos se encontró al autor del supuesto delito, de cualquier modo, falsificaciones de documento público de escasa enjundia y, en sólo uno de los casos, atribuibles a los ex dirigentes de la CEV.