El Gobierno confía el ajuste del gasto público a la baja inflación y al descenso de tipos

El control de la inflación y los bajos tipos de interés son los dos elementos esenciales con que el Gobierno cuenta para moderar el crecimiento del gasto público y conseguir el equilibrio presupuestario en el 2002. Esto permitiría aminorar los gastos corrientes y dejaría margen para aumentar la inversión pública a un ritmo del 10%, según figura en el Plan de Estabilidad (1999-2002) enviado a Bruselas. La apuesta por mantener la buena racha económica permite pasar a segundo plano reformas como las de las pensiones, la financiación autonómica, el mercado laboral, la sanidad o la empresa pública.

El Plan de Estabilidad (1999- 2002), enviado a finales del pasado año a la Comisión Europea, será presentado próximamente en su integridad por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el Congreso. Todo él descansa en la previsión de que la buena coyuntura económica se mantendrá en los próximos años.El crecimiento medio de la economía para ese periodo se situará en el 3,3%, frente a una media para el conjunto de la Unión Europea del 2,5%. La inflación será inferior al 2%, en el entorno del 1,7%, y los tipos de interés podrán seguir a la baja, desde el 3% con que se ha iniciado la etapa del euro.

Sobre estas bases, el programa económico del Gobierno para los próximos años fija para el 2001 la meta de alcanzar el equilibrio presupuestario. Los ingresos crecerán más deprisa que los gastos, pese a que la reforma del impuesto sobre la renta tendrá un coste recaudatorio de al menos 750.000 millones de pesetas.

En conjunto, los ingresos crecerán a tasas algo superiores al 5%, mientras que los gastos apenas superarán el 3%, según la previsión oficial. Dentro de estos últimos, los gastos corrientes llevarán el peso del ajuste, con un aumento medio en torno al 3,3%, mientras que la inversión pública se elevará a tasas del 10%.

Pacto de Toledo

El documento enviado a Bruselas fundamenta tales expectativas en la estabilidad de precios y de tipos de interés, ambos compatibles con un crecimiento económico elevado. Esta brecha beneficiaría directamente a los gastos de personal (en torno al 14% del total), los gastos en compras y servicios (el 3,6% del total) y el pago de intereses de la deuda (el 10%). Los gastos sociales, incluidos dentro de las transferencias corrientes (el 65% del total), también se beneficiarían de la baja inflación, aunque mantendrían su actual peso en el conjunto de la economía (el 14%). Esto se debe a que, por ejemplo, en el capítulo de pensiones, el más importante, crece más deprisa por factores demográficos.

Sin entrar en muchos detalles, el plan del Gobierno menciona al respecto el Pacto de Toledo y la "fase de análisis y negociación" que se abrirá "para avanzar en el proceso de racionalización de la Seguridad Social, tomando en consideración tanto la evolución demográfica como del mercado de trabajo".

Se señala igualmente el descenso del gasto en políticas pasivas (prestaciones) de empleo, gracias a la reducción del paro y la lucha contra el fraude y el aumento de las activas. Respecto del mercado de trabajo, otra de las reformas estructurales pendientes, se menciona únicamente la necesidad de "continuar la senda de flexibilización y modernización". La descentralización de la negociación colectiva será "una prioridad fundamental".

En relación a los gastos corrientes, el Plan de Estabilidad tampoco menciona otra de las partidas fundamentales, la financiación autonómica, que en la actualidad crece tres veces más que el resto. Igualmente, elude lo relativo al gasto sanitario, cuyo aumento futuro está vinculado al crecimiento económico, incluida la inflación, por acuerdo con las comunidades autónomas.

Entre las ausencias de los aspectos de más trascendencia presupuestaria figura también todo lo relativo a la empresa pública. Únicamente, dentro del anexo dedicado a las reformas estructurales, se especifica que en el año 2000 sólo quedarán dentro del sector público empresarial la minería y algunas empresas del sector de defensa.

Continuará el actual proceso de privatizaciones de empresas públicas. En concreto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prevé sacar al mercado sus participaciones en Iberia, Casa, Santa Bárbara, Enatcar y Babcock Wilcox, entre otras. El plan tampoco dedica una sola línea al problema de la abultada deuda de Radio Televisión Española.