La candidata socialista de Marbella acusa a la Junta de desprestigiarla

La candidata socialista a la alcaldía de Marbella, Isabel García Marcos, acusó ayer a la Junta de Andalucía de filtrar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifica la decisión de la consejería de Salud de sancionarla con dos años de suspensión de empleo y sueldo, por incumplir de manera injustificada el horario de jornada de trabajo como inspector médico. El letrado del partido socialista, José Carlos Aguilera, responsabilizó a la propia consejería de Salud o la de Gobernación, de la que depende el gabinete jurídico de la Junta, de actuar de "manera reprochable y malintencionada" al dar a conocer a un periódico provincial una resolución que no es firme y cuando existe por este caso otro recurso pendiente de resolución. Aguilera recordó que la concejal además de cargo público es funcionaria del SAS "por lo que hay un deber de guardar reserva en materia de expedientes sancionadores y el que dió esa información tendrá que explicar con qué intención lo ha hecho". El abogado dijo que el responsable de la filtración es alguien que "siente animadversión" a García Marcos y que no responde a ningún sector del partido, aunque eludió precisar su nombre.. La portavoz socialista considera que la publicación de la sentencia, que rechaza la justificación de inasistencia a su trabajo por el desempeño de sus tareas como edil y diputada provincial, trata de hacerle claudicar en su labor de oposición. "Este es un tema judicial del que nunca entré ni salí, pero que su divulgación no hará cambiar mi actitud", insistió García Marcos, que recordó que su oposición al gobierno de Jesús Gil ya le supuso sufrir amenazas y coacciones . La portavoz del PSOE indicó que la consejería de Salud sólo le autorizaba a disponer de diez horas de su trabajo a la semana para sus obligaciones políticas, "cuando yo le dedico 80 horas". Denunció intereses de personas o instituciones "que no quieran que se conocieran casos de corrupción, que he descubierto, y condenarme al hambre por tener cargos públicos". Tanto Aguilera como García Marcos indicaron que es la primera vez que la Junta impide a un funcionario ejercer cargos públicos. La edil esgrimió el derecho fundamental a participar en la vida pública al insistir en que se trata de poner en peligro la propia supervivencia de su familia porque se le impide cobrar su salario de funcionaria. García Marcos señaló que ningún concejal de la oposición en Marbella cobra retribución alguna. Admitió que desde hace un año percibe un sueldo de la diputación provincial malagueña, gobernada por el PP, "que es el más bajo que recibo en los últimos 19 años", agregó. Aguilera calificó de "profundamente injusta" la sentencia del TSJA, que ya fue recurrida ante el Tribunal Supremo y explicó que existe un segundo recurso contra la decisión del SAS , de limitar a diez horas el tiempo para funciones de cargo público.