Educación propone la asignatura de ética como alternativa forzosa y evaluable a la religión

Los alumnos que no deseen recibir clase de religión deberán asistir forzosamente a la de ética, una asignatura que quedará equiparada en valor académico a la de religión: será evaluable, pero no computable para las becas y la selectividad. En consonancia con el terreno extremadamente delicado que pisa, el Ministerio de Educación ha ido cambiando en los últimos días su proyecto de real decreto sobre enseñanza de la religión en infantil, primaria y secundaria. En la última versión se mantiene la pretensión de que la ética sea evaluable, algo que el Supremo, en una sentencia dictada en enero de 1997, consideró una imposición inaceptable para quienes no desean dar clase de religión.

La religión es de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria para los alumnos. La asignatura es evaluable -es decir, los alumnos reciben una calificación que se incluye en su expediente, pero no tiene peso en la nota media para la selectividad y las becas.La actual alternativa es obligatoria para quienes no quieran religión, pero no es evaluable. Consiste en un conjunto de 38 grupos de actividades, como América Latina, asociaciones juveniles, audiciones musicales, biblioteca escolar, debates de actualidad, democracia paritaria, dramatizaciones, historia del cine, periódico mural, taller de radio, juegos deportivos, juegos lógicos o juegos de mesa, actividad esta última que dio lugar a la famosa caricatura de "la alternativa del parchís", generosamente empleada por la ex ministra Esperanza Aguirre. También su sustituto la ha criticado, al decir que es "manifiestamente mejorable".

Lo que no está claro es cómo. La dificultad de llevar a buen puerto la iniciativa del Gobierno, que arranca de la época de Aguirre, queda demostrada por la acumulación de borradores y las advertencias que sobre la provisionalidad del documento prodigaron ayer los responsables de Educación.

Las fuertes presiones que el Gobierno ha recibido de la Iglesia, redobladas en los últimos días tras la renovación de la Conferencia Episcopal, se ven abocadas a un margen de respuesta muy estrecho para el Ejecutivo, como consecuencia de cinco sentencias del Supremo.

Hasta ahora, en respuesta a las demandas de organizaciones civiles y religiosas, el alto tribunal ha establecido las siguientes directrices:

- La religión es evaluable, pero no computable para la nota media.

- La alternativa es obligatoria para quienes no elijan religión.

- La alternativa no puede incluir materias curriculares para no dar ventajas académicas a quienes no elijan religión.

- La alternativa no puede ser evaluable por el hecho de que lo sea la religión.

Este último punto es el más relevante respecto a la propuesta del ministerio. La correspondiente sentencia del Supremo, con fecha del 31 de enero de 1997, dictamina que "no es razonable aceptar que quien desee valerse de una garantía constitucional de formación religiosa, no obligada para quien no se acoja voluntariamente a ella, tenga un derecho constitucional a imponer que las condiciones pactadas para su prestación en orden a la evaluación se extiendan a actividades alternativas no cubiertas con dicha garantía".

Además, el Supremo consideraría una "carga desproporcionada para los alumnos no inscritos en la enseñanza religiosa que, además de ver intensificado su horario lectivo con las actividades alternativas, se les impusiera la evaluación de las mismas".

En el documento ministerial, por el contrario, se afirma que no evaluar las enseñanzas alternativas "supone desatender claras exigencias pedagógico-didácticas", constituye "un elemento de perturbación en la organización y funcionamiento de los centros" y "distorsiona el concepto mismo de evaluación académica".

Respecto a la necesidad de que la alternativa sea de índole ética, el Supremo afirma que "nadie está legitimado por la Constitución para imponer a los demás la enseñanza de cualesquiera otras religiones o sistemas morales".

Fuentes de Educación precisaron ayer que la última versión del proyecto ha sido elaborada por el secretario de Estado de Educación, Jorge Fernández Díaz, y sus colaboradores, pero aún no había sido elevada al ministro Mariano Rajoy. Con su último borrador, el equipo de Rajoy ha dado marcha atrás respecto a otro del pasado 24 de febrero en el que, además de la implantación de la ética como asignatura alternativa a la religión, se establecía que las notas de ambas materias tenían valor para el promedio de la selectividad y las becas. Si la implantación de la ética es jurídicamente problemática, según la doctrina del Supremo, más lo es el hecho de que sea evaluable, y mucho más habría sido que las notas contaran para la media.