Seguridad Baza tacha de "vergonzosa" la labor del fiscal, que reafirma que no existen pruebas contra Carmona
El fiscal del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Granada contra Francisco Jiménez Carmona aseguró ayer que no existen pruebas para condenar por cohecho al ex concejal del PP ni a su denunciante, el gerente de la empresa Seguridad Baza, pese a que Juan Carlos Martínez Castaño se autoinculpó del pago de una comisión para conseguir el contrato de vigilancia del cementerio de Granada. La postura del fiscal fue calificada de "vergonzosa" por parte del abogado que defiende a Martínez Castaño, que arremetió contra el ministerio público diciendo "que no aportó ninguna prueba durante el proceso, como es su obligación, ni estuvo presente en ninguna de las comparecencias". El proceso quedó ayer visto para el veredicto del jurado popular. Una vez concluida la fase probatoria, todas las partes presentaron sus informes finales. El fiscal aseguró que no existen pruebas "exquisitas" para inculpar a Carmona, por lo que decidió no acusarle. "Nos encontramos ante un juicio de intenciones. Sólo existen suposiciones, pero no pruebas", explicó. El representante del ministerio público recordó al jurado que "para llegar a un veredicto deben guiarse por hechos probados y no por conjeturas". Como ejemplo esgrimió uno de los indicios considerados como pruebas por las acusaciones del PSOE y Seguridad Baza: la salida del dinero de las cuentas de dicha empresa. "Queda probado, por el testimonio de los empleados del banco, que Martínez Castaño retiró una cantidad de las cuentas. Pero, ¿adónde fue a parar ese dinero? No hay pruebas de que se lo diera a Carmona", argumentó. Sin embargo, eludió referirse a la autoinculpación del gerente de Seguridad Baza como posible prueba. La postura del fiscal fue compartida por el abogado de Jiménez Carmona, pero indignó a la defensa de Martínez Castaño, que llegó a insinuar la existencia de una postura parcial por parte del ministerio público. "No sólo no ha buscado pruebas, sino que ha desvirtuado las existentes", aseguró el letrado. En sus informes, las dos acusaciones calificaron como "creíble" la versión de los hechos aportada por el demandante y como "contradictoria" la de Carmona. Ambas esgrimieron la autoinculpación de Martínez Castaño y la cinta grabada por éste como principales indicios. Ayer también declaró Juan de Dios Martínez Soriano. El presidente provincial del PP negó su enemistad con Carmona y aseguró que -además de la denuncia que el gerente de Seguridad Baza le hizo llegar- tenía conocimiento de otras irregularidades cometidas por el ex concejal. Carmona, en la intervención final, alegó en su defensa que "si hubiera sido un sinvergüenza lo habría dicho ante el jurado".
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