DEBATE EUROPEO La solidaridad en la UE, una cuestión incuestionable MARUJA SORNOSA Y JOSÉ PONS

Cómo afrontar la ampliación manteniendo la cohesión es el gran reto que se plantea la UE en la perspectiva de la próxima cumbre de BerlínFaltan ya pocos días para la cita europea de Berlín donde los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión deberán intentar cerrar uno de los retos más importantes de la construcción europea: la ampliación a los países del Este regulada en las propuestas de la llamada Agenda 2.000. Esta gran cita europea, a celebrar durante los días 24 y 25 de marzo, no nos es ajena a los valencianos si tenemos en cuenta que nuestra comunidad autónoma ya ha estado a punto de perder su calificación de zona objetivo 1 para los Fondos Estructurales. Por ello, Valencia puede verse directamente perjudicada por cualquier reducción de las ayudas que se decida en función de la ampliación de la UE. Ésta va a ser la primera vez en que la Unión Europea acoge a nuevos países en su seno sin acompañar los procesos de adhesión del correspondiente incremento sustancial del presupuesto comunitario. Y es importante tener este hecho en cuenta como punto de partida de nuestra reflexión sobre la Agenda 2.000, pues las anteriores ampliaciones, sobre todo en la etapa Delors, tuvieron éxito precisamente gracias a unos importantes incrementos de recursos propios y de fondos estructurales que, según lo visto hasta ahora en las negociaciones, difícilmente encontraremos incluidos entre las decisiones de Berlín. La cumbre anterior de jefes de Estado y de Gobierno donde se abordó la Agenda 2000 ya demostró la dificultad del proceso. El pasado diciembre en Viena la opinión pública pudo constatar que existe un claro enfrentamiento de posiciones en lo que no deja de ser una vieja canción muchas veces escuchada en el Parlamento Europeo: la concepción tatcheriana de una "Europa mercado" frente a la concepción más progresista de una Unión política que acompañe el proceso de Unión Económica y Monetaria (UEM). Y tenía que pasar. La falta de acuerdo sobre la Agenda 2000 a la que asistimos en Viena y que se está reafirmando estos días demuestra hasta qué punto la Europa que estamos construyendo adolece de falta de contenidos políticos integradores y hasta qué punto corremos el riesgo de que se quede en una mera supraestructura de gobiernos reguladores de un gran mercado. Es algo que la izquierda viene denunciando de lejos: no se puede construir la UEM sin una Unión Política fuerte y, bajo este prisma, no se puede concebir la Agenda 2000 como un acuerdo por el cual nadie quiere pagar más ni recibir menos. En este contexto, España se juega mucho y el Gobierno de Aznar tiene que afrontar la cumbre de Berlín sabiendo que puede y debe exigir a la Presidencia alemana que respete la solidaridad y el principio de cohesión. Y debe hacerlo con la fuerza moral de proclamar que ambos están recogidos tanto en el Tratado de la UE como en los principios de Mercado Único. Aunque el Gobierno español camufló de semitriunfo la concesión alemana de reducir paulatinamente el Fondo de Cohesión en lugar de eliminarlo drásticamente, el presidente Aznar debe realizar un ejercicio de sinceridad y reconocer que, más allá de posturas "pedigüeñas" como las que le llegó a suponer al señor González cuando estaba al frente del Ejecutivo, lo que España debe reclamar es el legítimo derecho a la solidaridad. Una solidaridad que los firmantes del Tratado de la Unión, entre ellos Alemania, aceptaron como uno de sus grandes principios constitutivos. Los intereses de Alemania están claros. Solicita reducir su contribución aduciendo argumentos como el del "justo retorno". Y su exigencia no es más que la constatación del distanciamiento que, por más contrario que sea al espíritu del Tratado, sigue existiendo entre el Norte y el Sur de la UE. En este sentido Alemania está intentando dejar atada la ampliación bajo el mandato de su Presidencia puesto que, no hay que olvidarlo, los países de Europa Central y Oriental, candidatos a la adhesión, son sus principales clientes. Es preciso que el Gobierno español se emplee a fondo ya que existen graves riesgos para los intereses de nuestro país. En el próximo proceso de ampliación, es bien cierto que todos los Estados miembros van a perder algo y España entre ellos. Teniendo en cuenta que la mayoría se inclina por mantener el techo máximo de recursos propios en el 1,27% del PIB comunitario para poder abordar la ampliación, el debate se centrará en la reducción de gastos. La "estabilización del gasto", como proponen Francia y Alemania, supondría una drástica reducción del 20% de los Fondos Estructurales y de Cohesión para España en el periodo 2000-2006, alrededor de 1,9 billones de pesetas menos. Por otro lado, la Agenda 2000 lleva intrínseca una grave deficiencia que se basa en una falta de previsión presupuestaria. Es decir, las perspectivas financieras para el periodo mencionado se basan en un crecimiento medio del 2,5% que difícilmente se dará, por lo que la recaudación comunitaria podría ser más baja de lo esperado. Y así, si un presupuesto cero conduce a una política cero, no habrá más Europa sin más dinero. He ahí el grave problema: sin recursos suficientes se producirá un proceso de ampliación inadecuado así como la quiebra de la solidaridad y el principio de cohesión que los Quince se prometieron. Tales pueden ser los costes de una ampliación a marchas forzadas y a espaldas de la Unión política. Una tercera cuestión relacionada con la Agenda 2000 y que atañe directamente a España es el peligro de renacionalización de la Política Agrícola Común (PAC). Lo que se pretende es trasladar a los Estados el pago del 25% de las ayudas directas a los agricultores, dándose la contradicción de que lo que se decidiera a nivel europeo debería ser financiado finalmente desde el propio Estado miembro. Y cabe decir que si se produce dicha renacionalización, estará en cuestión la misma PAC, sin olvidar que toda política que se aleje de la concepción mediterránea de la agricultura es extremadamente perjudicial para los intereses españoles. En este sentido, Aznar tampoco puede proclamar a los cuatro vientos que el Gobierno alemán haya renunciado recientemente a la idea de la cofinanciación nacional de las ayudas agrícolas. Esta supuesta concesión alemana no se puede dar por cerrada, nada está resuelto y, conforme pasa el tiempo, crece el temor a que el compromiso negociado inicialmente por España sufra serios recortes. No olvidemos que el logro del aumento de la cuota láctea para nuestro país parece haberse disuelto en el entramado de las últimas negociaciones. Por ello decíamos que el presidente Aznar tiene ante sí la obligación de seguir reclamando que se apliquen los principios de solidaridad y cohesión. Pero, cierto es que hasta ahora el Gobierno del PP ha llevado a cabo medidas fiscales que en nada legitiman la continuación de ciertas ayudas comunitarias. Por nombrar un caso menos conocido que la rebaja del IRPF, en nuestro país se ha dejado de emplear un tercio de la dotación del Fondo de Cohesión porque muchos proyectos no han encontrado la cofinanciación suficiente del Estado como consecuencia de los recortes en inversiones públicas. Pero es momento de ir a por todas haciendo que el debate de Berlín vuelva a las claves iniciales de cómo afrontar la ampliación manteniendo la cohesión, antes que abordar cantidades de recursos y sistemas de financiación. Hay que ir paso a paso. Sólo los que quieren una mera "Europa mercado" tienen prisa. Aznar tiene que saber que, cuando se trata de defender los intereses nacionales e incluso los intereses de la Europa de la solidaridad hay que ir más allá de las concepciones partidistas y buscar un gran compromiso que, por encima de las diferencias políticas, nos una en un frente común. No son pedigüeños lo que reclaman aquello que les es legítimo. Por eso, el presidente del Gobierno español debe viajar a Berlín con la cartera repleta de todas las propuestas que haya podido escuchar, que debe recoger de todos los partidos. Está bien que Aznar se desplace a Francia, Bélgica, Luxemburgo y Estrasburgo para escuchar opiniones acerca de la propuesta española para la creación de un fondo destinado a las regiones fronterizas con los países candidatos que facilitara un acuerdo final sobre la ampliación. Pero además, el presidente del Gobierno tiene que escuchar aquellas voces que representan al ciudadano español y explicar en el Congreso de los Diputados los detalles de la propuesta que piensa llevar a la negociación de la Agenda 2000. Así, y dado que hay cuestiones que, como la solidaridad, son incuestionables, los españoles, y los valencianos entre ellos, podremos seguir creyendo en una Europa de modelo democrático y solidario como la que queremos construir y como la que recogen los Tratados. Maruja Sornosa es eurodiputada de Nova Esquerra y José Pons, eurodiputado del PSPV