Acoso y derribo
De los tres grandes componentes de la estructura institucional europea, el único que tiene una clara vocación metanacional es la Unión Europea. Vocación precariamente concebida y sólo en parte cumplida pero que, sin embargo, ha sido durante los últimos 30 años la bicha de los eurófobos. Por eso cuando en 1995 se trata de elegir al sucesor de Jacques Delors para la presidencia de la Comisión, Major, fiel peón de la más fervorosa representante de los euroclastas, la señora Thatcher, impone, y los demás jefes de Gobierno con gusto aceptan, al candidato que les parece que mejor puede servir a sus planes de convertir a la Comisión en una simple agencia administrativa a las órdenes del Consejo de Ministros. Gracias a los aliados de extrema derecha y de extrema izquierda con los que sabía que contaría siempre en el Parlamento Europeo; gracias a otros con los que pensaba no poder contar pero que le ha regalado la voluntad de los europarlamentarios de dotarse de bazas mediáticas en esta coyuntura electoral; y gracias, sobre todo, a la decisión alemana y de los países norteuropeos de reducir a toda costa los fondos estructurales y de cohesión desmochando para ello a la Comisión que los defendía, el proyecto thatcheriano está en vía de cumplimiento. Es decir, una pura confabulación política aunque el tiro de gracia haya sido chuscamente técnico.En efecto, al no prosperar una moción de censura contra la Comisión presentada el pasado mes de diciembre por presunta corrupción, se crea un comité de expertos para evaluar los posibles casos de fraude, mala gestión y nepotismo por parte del Ejecutivo comunitario. Su informe, presentado el lunes de esta semana, ha provocado la dimisión colectiva del Colegio de Comisarios. ¿Qué dicen sus 135 páginas? De los 1.342 casos de irregularidades detectados por los servicios de lucha contra el fraude de la propia Comisión, sólo 27 conciernen a su administración, los otros son imputables a la administración que hacen directamente los Estados de los fondos comunitarios. El Comité ha encontrado seis casos de irregularidades, de los cuales cuatro pertenecen a la Comisión Delors, y uno de nepotismo. Entre este análisis pormenorizado y la descalificación global absoluta y ofensiva que se hace en las conclusiones no hay ninguna relación causal. Pero lo más incomprensible de esta inapelable condena es que contradice la reiterada afirmación que se contiene en los epígrafes 9.2.3 y 9.3.1 de que "el Comité no ha podido descubrir ninguna irregularidad ni mucho menos un fraude". La gran acusación que se repite 17 veces en el informe es que se lanzaban nuevas políticas sin que la Comisión tuviera los recursos necesarios. Frente al estereotipo mediático dominante de una eurocracia poderosísima, yo he escrito seis veces en esta columna y varios comisarios, y de modo principal Marcelino Oreja, han afirmado que la insuficiencia de medios gestores del Ejecutivo comunitario le condenaba a la incompetencia. Pero el responsable de esta situación no es la Comisión, sino el Consejo de Ministros y el Parlamento, que se han negado a autorizar el aumento de esos recursos de gestión. En cualquier caso, hoy el regocijo de los euroclastas es unánime. La gran mayoría de la clase política norteuropea y los dos extremos del espectro político del sur han brindando con champaña. El fascista señor Mégret, que acaba de fundar el Movimiento Nacional, lo ha dicho en Le Monde ayer: se ha acabado la Comisión y hay que sustituirla por un secretariado administrativo a las órdenes del Consejo de Ministros al que se confíen las pocas tareas ejecutivas que no realicen los Estados.
Derribada la Comisión, ha comenzado el acoso contra el Parlamento Europeo. Los medios de comunicación sostienen que más del 50% de los europarlamentarios no comparecen en más del 50% de las sesiones y el Journal du Dimanche ha publicado la lista de presencias y ausencias de los franceses. Insistiendo en que todos cobran íntegramente el sueldo. En esta situación es urgente que José María Gil-Robles ponga fin a su hostigamiento a la Comisión y se adelante a los euroclastas en la adopción de medidas que den transparencia a los comportamientos del Parlamento. A ver si por lo menos logramos salvar este otro gran soporte de la construcción europea.
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