El Congreso debatirá la denuncia del Tribunal de Cuentas contra ex cargos de la patronal valenciana

El Congreso de los Diputados recibió esta semana el informe del Tribunal de Cuentas que fiscaliza la gestión por empresarios y sindicatos de los fondos para la formación continua. Con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) es muy crítico e insta incluso la apertura de diligencias penales contra los ex responsables de su gestión. José María Jiménez de Laiglesia presidía entonces la CEV y Luis Espinosa Fernández era secretario general. Espinosa es ahora responsable adjunto de la Cooperación Internacional. El informe del Tribunal fue remitido también a la Fiscalía Anticorrupción.

Espinosa, valenciano de 53 años, vinculado al PP, fue durante una década secretario general de la CEV hasta que tras la victoria electoral de los populares en 1996 fue nombrado secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La CEV le abonó en el momento de su partida una gratificación de 10 millones de pesetas. Desde el alto cargo que ocupa, con rango de subsecretario, gestiona más de 28.000 millones de pesetas (168 millones de euros) de ayuda al desarrollo y humanitaria al Tercer Mundo.Jiménez de Laiglesia, valenciano de 70 años, presidente de la CEV hasta que dimitió inesperadamente en febrero de 1997, no ejerce ahora ningún cargo público y se dedica a los negocios inmobiliarios.

Los disgustos administrativos y judiciales de Espinosa van a adquirir en breve tintes políticos con la entrada en el Congreso del informe que acusa a la cúpula de la CEV. El 13 de abril Ubaldo Nieto, el presidente del Tribunal de Cuentas, comparecerá ante la Comisión Congreso-Senado que supervisa a ese órgano. Dará cuenta de su informe que, además de la CEV, abarca la gestión por empresarios y sindicatos en todas las comunidades autónomas de los 116.000 millones que la Fundación para la Formación Continua (Forcem) les ha otorgado entre 1993 y 1995.

Dos semanas después, la comisión mixta se volverá a reunir y la oposición socialista tiene la intención de pedir no sólo la dimisión de Espinosa sino responsabilidades políticas por su nombramiento en Consejo de Ministros, según fuentes de su grupo parlamentario. Desde las filas del PP se argumentará, en cambio, que las supuestas irregularidades que le achacan conciernen a su etapa al frente de la CEV y que su labor en la AECI no ha sido criticada. "La cooperación española no está bajo sospecha", recalca otro alto cargo de Exteriores. La polémica está servida.

El Tribunal de Cuentas suele detectar irregularidades en las cuentas que examina pero casi nunca indicios de delito. En la gestión de la CEV sí los ha encontrado y mucho antes de remitir su informe a las Cortes ha enviado el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El asunto se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, cuyo titular tiene la intención de citar a Espinosa y a De Laiglesia por su supuesta implicación en el uso irregular de los fondos de la Forcem, según fuentes judiciales.

Las conclusiones del informe del Tribunal son aplastantes. La CEV, según este órgano, manipuló la documentación contable entre 1993 y 1995 hasta el punto de que una misma factura, y ésta es la acusación más grave, se utilizó para justificar hasta cuatro subvenciones diferentes, no sólo de las recibidas de la Forcem sino también de otras administraciones, como la Generalitat valenciana.

La patronal de Valencia recaudó, entre subvenciones públicas e ingresos adicionales (cobro ilegal de matrículas a los alumnos beneficiarios) más dinero de lo que costaban los cursos. También se hincharon los gastos de los centros donde se impartían las clases y se sobrepasó ampliamente la partida prevista para gastos de difícil justificación, según el tribunal.

El informe añade que en algunos casos no existen justificantes de que los alumnos declarados por la CEV como beneficiarios de los cursos asistieran a los mismos. Respecto a la justificación documental, el tribunal advierte que la CEV no facilitó detalle de la ejecución de sus presupuestos, ni certificados de las subvenciones, de las cuentas bancarias ni de los alumnos.

Facturas globales

Además, las facturas aportadas por los profesores externos encargados de las acciones formativas son todas genéricas e incluyen el alquiler de medios didácticos y de las aulas sin separación de importes. "Esta multiplicidad de imputaciones constatada supone que en estos casos la CEV ha utilizado una misma factura para justificar subvenciones diferentes, por lo que es razonable pensar que algunos de los cursos por cuya realización se recibieron las subvenciones no hayan sido llevados a la práctica", concluye el órgano fiscalizador.

La Delegación de EL PAÍS en Valencia ha intentado en varias ocasiones recabar la reacción de Espinosa y De Laiglesia pero ambos han rehusado contestar a las llamadas.

El informe sobre la CEV es sólo un capítulo de un documento más amplio en el que el Tribunal de Cuentas examina el uso por las organizaciones empresariales y sindicales de las subvenciones para el reciclaje de trabajadores. Se caracteriza, en términos generales, por una "falta de rigor". El órgano administrativo estima en sus conclusiones que nueve de las organizaciones fiscalizadas, entre las que se encuentra la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, deberían devolver más de 400 millones de pesetas por ayudas indebidamente justificadas.