El Europarlamento investiga fraudes de los Gobiernos en los presupuestos comunitarios

Después de que el Grupo de Sabios establecido por el Parlamento Europeo censurase las irregularidades de la Comisión, lo que incitó a ésta a dimitir, la propia Cámara se dispone ahora a investigar el fraude de los Gobiernos al presupuesto comunitario, del que administran un 85%. El fraude de los Estados miembros asciende al 99,9% por número de casos, frente a sólo un 0,9% responsabilidad de la Comisión. El examen se realizará los próximos miércoles y jueves en la Comisión Parlamentaria de Control Presupuestario, y luego en un plenario, seguramente el de mayo.

El ponente parlamentario, el eurodiputado holandés Jan Laurens Brinkhorst, perteneciente al partido liberal Democracia 66, se está concentrando sobre todo en su labor en las responsabilidades de la Comisión, algo sorprendente puesto que es la menos implicada.El Parlamento aseguró que en el examen de la ejecución del presupuesto de 1997 se fijaría con particular atención en el fraude sobre sus partidas cometido por los Gobiernos. Todo indica que no será así. El ponente, incurso en un aparente conflicto de intereses, puesto que es funcionario de la Comisión en excedencia, está optando, según ha podido comprobar este periódico, por seguir las secuelas del informe del Grupo de Sabios y concentrar sus críticas sobre la dimisionaria Comisión Europea.

A los Gobiernos se les despachará con algunas críticas suaves por su mala administración, con apelaciones al diálogo y atribuyendo la responsansabilidad política última a la Comisión, porque lo sería a nivel comunitario, como si el Consejo de ministros y sus miembros sólo estuviese de paso, cuando en realidad la primera autoridad presupuestaria es el Consejo y la segunda, el Parlamento. Si el informe definitivo del liberal Brinkhorst sigue las pauta de los borradores actuales, la pinza entre Parlamento y Consejo contra la Comisión se habrá consolidado.

Pocas ratificaciones

Este especie de extraño juego de magia por el que se acusa al menos culpable y se atenúan las culpas de los que ostentan más responsabilidad puede realizarse gracias a que los Gobiernos han evitado ratificar (sólo lo han hecho Alemania y Finlandia) el Convenio sobre Protección de Intereses Financieros de la Comunidad y su correspondiente protocolo, firmados en julio de 1995 y en septiembre de 1996.

Ese convenio exige a los Gobiernos que persigan a las autoridades o funcionarios nacionales que cometan fraude con el presupuesto comunitario, armoniza los procedimientos jurídicos y comunitariza algunos aspectos de la lucha contra las irregularidades financieras.

La congelación de ese convenio, que tanto ha criticado el presidente del Tribunal de Cuentas europeo, Jan O. Karlsson, permite a los Gobiernos eludir responsabilidades y dificulta el proceso de "verificación de cuentas", retrasándolo.

Pese a ello, los datos de la última verificación, correspondiente al año 1995, son reveladores. De los fraudes nacionales al capítulo agrícola del presupuesto común, y tras ingente labor de recuperación del dinero evaporado, todavía quedan por recobrar 403,5 millones de euros, algo más de 67.000 millones de pesetas (ver gráfico), de los que casi una tercera parte (32%) corresponde a España (128,8 millones de euros); un 24% a Francia (97,9 millones); y un 12% al pretendidamente pulcro Reino Unido (49,5 millones).

Esos 403,5 millones deben compararse con el dinero no recuperado en los expedientes analizados por el Grupo de Sabios, unos seis millones de euros (un millón de euros en Turismo; 465.000 euros en el programa Leonardo; 1,9 millones en los programas Med; medio millón en la ayuda humanitaria; y unos dos millones en la ayuda nuclear a Rusia), cantidad que responde a varios años y temáticas y no sólo a un ejercicio (1995) y un ámbito (agrícola) como en el caso de los Gobiernos.

La comparación de ambas cifras -aunque el criterio con que se realiza perjudica a la Comisión-, indica que el fraude no recuperado de Bruselas supone sólo el 0,014% del total (seis millones de un montante de 409,5 millones).

Otra comparación

Otro criterio para establecer la comparación es el número respectivo de casos investigados por la unidad antifraude de la Comisión Europea (UCLAF) entre 1994 y 1998: 1.315 casos abiertos a los Estados miembros, por un importe global de 2.943 millones de euros (ver gráfico), frente a sólo 27 abiertos a la Comisión, lo que supone sólo un 0,9% del total.

Pero dificílmente estos datos causarán impacto. Algunos se propusieron liquidar a la Comisión -lo que ésta facilitó con numerosos errores políticos y de gestión- y ahora lo que está de moda es proceder a su puro y simple linchamiento post mortem.