El Gobierno catalán prepara una reforma que convierte los bingos en minicasinos La actualización coincide con fuertes inversiones del grupo Cirsa en salas de juego

La Generalitat prepara un proyecto de decreto que trata de modernizar y ayudar a la supervivencia de las sociedades de bingo, que le rindieron, por la vía de los impuestos, 24.345 millones de pesetas en 1998, según la Entidad Autónoma de Juego y Apuestas (EAJA). Los operadores minoritarios desconfían del nuevo marco legal. Afirman que pretende transformar las salas de bingo en "salas de juego" o minicasinos y alertan de las inversiones en bingos del grupo Cirsa.

La Generalitat obtuvo el año pasado 24.345 millones por los impuestos que afectan al 20% del importe de cada cartón de bingo. La magnitud del impuesto hace que sea uno de los tributos más importantes cedidos a la Generalitat La recaudación del bingo supera ampliamente los 19. 325 millones que las tragaperras aportaron en 1998 al erario autonómico. Quizá por eso el Departamento de Gobernación ha elaborado un nuevo proyecto de ley que trata de modernizar las salas de bingo, muchas de las cuales atraviesan por momentos difíciles ya que de cada 100 pesetas de inversión en este popular juego, 60 se reparten en premios y 20 son para impuestos. Esto hace que muchos tengan márgenes muy estrechos. Amadeu Farré, director de la EAJA, se muestra orgulloso de haber reducido en 5 años de 130 a 75 las licencias posibles de bingos en Cataluña y de establecer un radio mínimo de 1.000 metros entre bingo y bingo. La Generalitat trata de ayudar al mantenimiento de este lucrativo negocio para ellos, que presenta una oferta anticuada y vive una enorme competencia, con espectaculares crecimientos de algunos grupos como Cirsa. Control de identidad El nuevo marco legal presenta dos aparentes avances. Uno es que para jugar en las máquinas ya presentes en las salas o en las de loterías (Rasca-rasca, Trío Super Express) se tendrá que pasar por un control de identidad, y, otro, que las máquinas seguirán en salas anexas a las de bingo. Estos avances plantean desconfianza en un sector en el que la contingentación de tragaperras, que la Generalitat hizo en 1995, sólo ha servido para consagrar el predominio de Cirsa, que controla el 50% de los aparatos que hay en Cataluña, y para que el precio de las licencias haya pasado de 6..200 pesetas antes de la contingentación a los 3,6 millones que cuestan ahora. Algunos opinan que el propósito del cambio legal es convertir los bingos en salas de juego donde sea posible instalar videoloterías, como señala el secretario general de Aemar, Miguel Durán. PASA A LA PÁGINA 6