Los dos aforados del "caso Zamora" dejan sus escaños para sacar la causa del Supremo

El diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero, ambos del Partido Popular, renunciaron ayer a sus escaños en un claro intento de sustraer al Tribunal Supremo su competencia sobre el caso Zamora y reenviar el proceso a la localidad castellanoleonesa de la que procede. La operación se produce 24 horas después de que el presidente del Gobierno, José María Aznar, tuviese que negar en el Congreso haber recibido dinero del constructor Antonio Sangregorio, un hecho que el propio empresario confesó inesperadamente ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo.

La renuncia al escaño de los dos parlamentarios del PP tiene como objetivo sacar el caso del Tribunal Supremo y devolverlo a un juzgado de Zamora sin los medios de investigación ni el respaldo informativo de que dispone en el alto tribunal y coincide también con la recepción por parte del juez instructor, José Antonio Martín Pallín, de los primeros datos sobre las cuentas bancarias del PP que había reclamado y la designación de dos peritos contables que tenían que analizar toda esa documentación. Tras una semana de tajantes negativas de Peñalosa y García Carnero sobre su eventual dimisión, el abogado del senador García Carnero, Juan Ramón Montero, anunció ayer de viva voz, al término de la declaración de un testigo, que había presentado en el registro del Tribunal Supremo sendos escritos de los parlamentarios notificando su decisión.

El anuncio cogió por sorpresa al magistrado instructor, al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y al letrado de la acusación Jacobo Echeverría. Dado que ya no quedaban más diligencias previstas, y los interrogatorios debían continuar el próximo miércoles, el instructor levantó la sesión.

El letrado Echeverría, que representa a los querellantes del caso Zamora, nueve diputados provinciales del PSOE, manifestó que el Supremo "no debería permitir que esta maniobra triunfara". "Se tata de una maniobra política del PP que pretende desactivar la bomba del caso Zamora para llevarlo a un juzgado con resonancia muy inferior. El Supremo no debería permitir que una maniobra política tenga esos efectos judiciales".

Echeverría se refería a la eventual imputación del diputado del PP Luis Ortiz, que el abogado pidió el pasado viernes al instructor y que, de llevarse a cabo, mantendría la causa en el Tribunal Supremo. Martín Pallín aún no se ha pronunciado sobre la petición de cursar un suplicatorio al Congreso para que declare Ortiz como imputado, y el nuevo mapa procesal dibujado por la dimisión de Peñalosa y García Carnero a sus actas de parlamentarios parece apuntar a la Sala Segunda como decisoria en última instancia sobre el particular. Sin embargo, debe ser el instructor el que debe proponer, en su caso, el interrogatorio de Ortiz a la Sala. Ésta, que tiene encomendado el caso, está integrada por los magistrados Luis Román Puerta, Cándido Conde-Pumpido y Roberto García Calvo.

Imputar a Ortiz

Echeverría, sin embargo, insistió en que "hay razones más que suficientes para oír como imputado a Luis Ortiz, que es aforado y para que el Tribunal Supremo siga manteniendo la competencia". Según la confesión del constructor Antonio Sangregorio, Ortiz le indujo a firmar un acta notarial declarando que nunca había pagado ninguna cantidad a José María Aznar para su campaña a la Junta, a cambio de adjudicarle obras para solventar una deuda de alrededor de 20 millones de pesetas. De no aceptarse la imputación de Ortiz, el destino de la causa parece ser inevitablemente Zamora. La competencia del Supremo se sustentaba en la condición de aforados de García Carnero y Peñalosa, cuyo suplicatorio para ser interrogados como imputados por el instructor ya se había cursado al Senado y el Congreso.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, aseguró al término de la diligencia que deberá ser la Sala Segunda, y no el instructor, la que decida si debe declinar su competencia sobre el caso Zamora. Previamente, el alto tribunal tendrá que tener conocimiento oficial de las Cortes de que Peñalosa y García Carnero ya no pertenecen a sus respectivas Cámaras, ya que el escrito de renuncia presentado ayer no es suficiente.

Decaído el fuero de ambos parlamentarios, las actuaciones tendrían que remitirse ahora al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ya que uno de los principales inculpados, el ex presidente de la Diputación de Zamora Luis Cid Fontán, es diputado autonómico en dicha comunidad.

Sin embargo, Cid Fontán fue recientemente apartado de las listas del PP a las elecciones de junio, por lo que no repetirá mandato, y además, la disolución de la Cámara autonómica ya se ha producido. En el caso de que Cid Fontán aún mantuviese su fuero, el paso de la causa por el Tribunal Superior de Castilla y León sería transitorio y el asunto acabaría en Zamora a partir del 13 de junio.