Cuatro miembros del PP, imputados en la agresión a una abogada de Tenerife

Dos cargos públicos del PP, dos abogadas del partido, un conocido constructor de Tenerife y un presunto matón a sueldo han sido ya imputados por la juez Eva Ramírez por su supuesta participación en las amenazas y agresiones que recibió la abogada Julia Bango mientras investigaba posibles irregularidades urbanísticas en el municipio de Tegueste, al norte de la isla.

La juez Eva Ramírez, quien el viernes levantó el secreto de las diligencias, aceptó ayer la personación en el caso de Francisco de la Barreda, el ex presidente insular del PP y todavía diputado nacional que destapó una presunta trama de corrupción en su propio partido. Los imputados son Alfredo González, consejero insular de Industria; Miguel Ángel Labrador, portavoz del PP en el municipio de La Guancha, y las abogadas del partido María del Cristo Pérez y Elvira González. También figura Carmelo Barreto, un vecino de Tegueste a quien Julia Bango reconoció como la persona que, a bordo de una motocicleta Harley Davidson, la amenazó de muerte y después agredió el pasado 6 de diciembre. El secretario general del PP, Javier Arenas, recordó ayer que los cuatro implicados del PP habían pedido que se les suspendiese de militancia hace unos días.

El sexto imputado es Víctor Rodríguez, un conocido constructor de la isla y promotor de la urbanización El Tagre, situada sobre un solar recalificado a su favor por el Ayuntamiento de Tegueste, gobernado por Coalición Canaria. Fue precisamente ese cambio de calificación urbanística -de equipamiento educativo a zona residencial- lo que motivó la investigación de Bango, auspiciada por De la Barreda.

El abogado de Rodríguez, Marcos Tavío Gómez, confirmó ayer a este periódico la imputación de su cliente y dijo estar a la espera de que la juez le entregue una copia del sumario.

Uno de los dirigentes denunciados por De la Barreda, Ignacio González Santiago, coordinador regional del PP en Canarias, se ha convertido ya en la primera víctima política del caso -fue apartado el pasado jueves de las listas electorales- sin que la juez Ramírez lo haya imputado todavía. De hecho, hasta el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Tenerife, José Civantos, garantizó ayer que "González no aparece entre los imputados".

Civantos manifestó que el fiscal que lleva el caso, Miguel Serrano, considera que a lo investigado debe aplicársele el artículo 464.1 del Código Penal, por lo que las penas -en el caso de que haya culpables- se situarían entre uno y cuatro años de prisión. De ahí que la juez Ramírez tenga que dictar un auto de procedimiento abreviado para seguir instruyendo el caso.

Un séptimo implicado

No descartó Civantos que pueda producirse la imputación de una séptima persona, aunque no quiso dar pistas de por dónde pueden ir los tiros. Sí informó de que, durante el mes pasado, el fiscal Miguel Serrano pidió que se practicasen más de 20 nuevas diligencias, entre ellas la petición a Telefónica del listado completo de las llamadas que se realizaron desde el teléfono del cabildo insular utilizado, presuntamente, para amenazar a Julia Bango.

La abogada denunció también un robo en su despacho y un buen número de llamadas, cartas, y faxes de contenido amenazante. El sumario, de unos 1.000 folios, aumentará en los próximos días si la juez Ramírez acepta la petición del fiscal para que se examinen unas huellas dactilares.

Ignacio González Santiago, el coordinador regional del PP y principal perjudicado del caso, dijo ayer a este periódico que no explicará su versión de lo ocurrido ni aclarará su futuro político hasta conocer los detalles de las diligencias.

De la decisión de González -que ya cayó en desgracia en el partido hace ahora dos años y consiguió resucitar- depende la estabilidad del Partido Popular en Canarias, puesto que todavía mantiene un considerable apoyo entre militantes, cargos públicos y candidatos.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, descartó ayer mismo que el hecho de que González Santiago se haya quedado fuera de las listas vaya a producir una crisis en el seno del partido en las islas.