Satisfacción entre los afectados de Ardystil por el procesamiento de un inspector y las aerografías
Los afectados por el síndrome Ardystil coinciden con todos los argumentos que enumera el juez instructor para solicitar a la Audiencia de Alicante la apertura de juicio oral. Según el colectivo, el auto recoge las reivindicaciones del fiscal y de los afectados personados. El instructor pide el procesamiento de los responsables de las cinco aerografías en que se denunciaron los hechos y de un inspector de Trabajo, a los que se imputan delitos de lesiones y de imprudencia temeraria. También pide la responsabilidad del Estado y de las multinacionales químicas Bayer, Ici y Solvay.
Con la conclusión del auto de solicitud de apertura del juicio oral, el juez instructor del caso Ardystil, José Francisco Bernal, da por cerrada la pieza principal del proceso de instrucción de la causa. Éste comenzó en 1992 cuando la entonces titular del Juzgado número 3 de Alcoy, Amparo Illán, abrió diligencias por un delito de imprudencia contra la seguridad en el trabajo, tras el fallecimiento de seis empleados del sector de la aerografía textil en Cocentaina y Alcoy. El último escrito del actual juez instructor, que heredó el caso hace poco más de un año, ha satisfecho plenamente a la Comisión de Afectados por el Síndrome Ardystil, que preside Amparo Pascual y representa a un centenar de personas que han desarrollado afecciones pulmonares y neurológicas derivadas del síndrome. Amparo Pascual valoró la decisión del juez de solicitar el procesamiento de la propietaria y el encargado de Ardystil, de los responsables de las aerografías Aeroman, SL; Aeroreig; Aeroalcoy, SL; Aerobrix; Boncolor, SA; Francisco Miquel Laborel, así como del inspector de Trabajo, Alfredo Ortolá, que visitó las empresas y no inició acción alguna pese a la falta de medidas de seguridad. La portavoz destacó que las argumentaciones del juez recogen una de las "peticiones históricas" del colectivo de afectados y que apunta a la responsabilidad de las multinacionales que elaboraron los productos químicos que se manipularon en las aerografías: Bayer Hispania Industrial, SA; Ici España, SA; y Solvai, SA, a las que se atribuye, al igual que al Estado y a las aseguradoras de las empresas textiles, responsabilidad civil subsidiaria. El juez ha solicitado el inicio de la tramitación de hasta 25 piezas de responsabilidad civil, con las que se determinarán las indemnizaciones. La fiscalía y las acusaciones particulares cifraban en cerca de 20 millones de pesetas a pagar por cada muerte y solicitaban una pensión vitalicia de 400.000 pesetas mensuales para Susana Javaloyes, única afectada a la que le fue practicado un transplante bipulmonar. Fuentes jurídicas han advertido cierta contradicción en la petición de responsabilidad civil subsidiaria de las multinaciones químicas, Bayer, Ici y Solvay. Según éstas, no ha quedado demostrado que sus productos fueran el agente causal del síndorme Ardystil que derivó en fibrosis pulmonar y causó la muerte de seis trabajadores. Ante esta situación, aún podría presentarse un recurso de nulidad al auto de apertura de juicio oral. Los procesados no quisieron pronunciarse ayer.
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