La Cámara canaria enviará todos los papeles del 'caso De la Barreda' al fiscal

La Mesa del Parlamento canario aprobó ayer por unanimidad remitir al fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, toda la documentación recabada en las investigaciones de la comisión que se constituyó a raíz de las denuncias del ex presidente del Partido Popular de Tenerife Francisco de la Barreda, quien en marzo acusó a un consejero del Ejecutivo autónomo, Alfredo Vigara (también del PP), de dos presuntos delitos de prevaricación.

Con esta decisión el Parlamento responde a la petición del fiscal Jiménez Villarejo, que la semana pasada solicitó que se le trasladara "toda la documentación" sobre las denuncias de corrupción realizadas por De la Barreda. Al aprobar el traslado de dicha documentación el Parlamento rectifica la posición que había adoptado inicialmente, cuando a la solicitud del grupo socialista pidiendo la remisión de los expedientes del caso De la Barreda a la fiscalía Anticorrupción, tanto el PP como sus socios de Coalición Canaria (CC) se pronunciaron en contra.Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que nacionalistas y populares apostaran por enviar a Jiménez Villarejo sólo parte de la documentación, CC y PP optaron al final por apoyar el envío de la totalidad de los informes. El PSOE mostró ayer su satisfacción, pero criticó a los grupos que apoyan al Gobierno regional por no haber facilitado antes el traslado de los expedientes.

En este sentido, la diputada socialista, Teresa Morales, lanzó horas antes de la reunión de la Mesa del Parlamento autonómico un "aviso a navegantes", advirtiendo a populares y nacionalistas de que "de mantenerse en su negativa, al PSOE no le quedaría más remedio que empezar a creer que se está ocultando algo". Una semana necesitará el Parlamento autonómico para remitir las conclusiones sobre las denuncias del ex presidente insular del PP.

De la Barreda, que criticó la negativa inicial de la Cámara a trasladarle los expedientes al fiscal, ha denunciado diversas irregularidades y corruptelas en el Gobierno autonómico y muy particularmente en la Consejería de Industria, de la que fue titular hasta la entrada del actual consejero, Alfredo Vigara, al que ha acusado de prevaricación en la concesión de un parque eólico en la isla de La Palma, y en la de la canalización y distribución del gas ciudad.

Las denuncias provocaron la constitución de una comisión de investigación que en su dictamen final acusó a Vigara de haber actuado con "poca prudencia política" en esas dos concesiones administrativas. La reunión de la Mesa de la Cámara tuvo lugar 24 horas después de que la titular del juzgado que instruye las diligencias abiertas a raíz de las amenazas y agresiones sufridas por la abogada del PP Julia Bango, que investigaba posibles irregularidades en una recalificación urbanísticas en el municipio de Tegueste, gobernado por Coalición Canaria, haya desestimado el recurso presentado por el PP contra la decisión de no permitir la personación del partido en el caso.

La juez ha dictado un auto en el que se advierte al PP de que sólo Bango y el diputado De la Barreda han de considerarse perjudicados u ofendidos por la causa, pese a que cinco cargos del partido están imputados en las diligencias previas del caso Bango.