Cinco ONG, contra la orden gubernativa que regula los centros de detención

El Gobierno se enorgulleció hace tres meses de haber promulgado una orden ministerial para regular -10 años después de su puesta en marcha- los Centros de Internamiento de Extranjeros indocumentados. Los seis establecimientos existentes en España, con una capacidad para 444 inquilinos, se habían regido hasta ahora al libre albedrío de sus respectivos directores. Sin embargo, la nueva norma es "una chapuza", según José Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge.La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite el escrito de interposición presentado por las organizaciones no gubernamentales Andalucía Acoge, Comisión del 0"7, Mujeres Progresistas Mitad del Cielo, Asociación Solidaridad y Paz de Andalucía, y la Aociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI) en el que anuncian su intención de presentar recurso contra la orden ministerial promulgada por el Gobierno el pasado 24 de febrero. Lo mismo ha hecho a título individual la letrada Teresa Marañón, que hace unos meses participó en un informe del Colegio de Abogados de Madrid en el que se sostenía que en estos centros hay menos garantías jurídicas y asistenciales que en las cárceles y que "rozan la inconstitucionalidad".

Marañón considera que el funcionamiento de los centros de detención tiene que estar regulado por una norma con rango de ley, y no por una simple orden ministerial. Además, resalta que en ésta se contemplan sanciones a los inmigrantes indocumentados, pero no hay un catálogo claro de qué hechos son los que pueden dar lugar a que sean castigados.

Libertad religiosa

José Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge, agrega que la norma no contempla la vía de recursos contra las decisiones que puedan afectar a los detenidos, ni se detalla cuándo se puede hacer uso de la fuerza contra éstos. Rodríguez Candela, además, critica que la orden ministerial se limite a decir que los detenidos puedan ejercer su libertad religiosa "siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias". También juzga "exagerado" que se dé un plazo de dos años para abrir otros nuevos centros.

Las organizaciones humanitarias afirman que "lo más sangrante" de los Centros de Internamiento de Extranjeros es la falta de asistencia médica permanente. "Es incomprensible que, si hay que hospitalizar a un inmigrante, lo tenga que autorizar el director del centro", dicen.

La Audiencia Nacional dará ahora la oportunidad a la Administración del Estado para que formule sus alegaciones al escrito de interposición de recurso presentado por las ONG y la citada abogada. Después, los recurrentes deben formular su demanda en 20 días.

"La nueva norma es insuficiente y con muchas puertas abiertas a la arbitrariedad", ha dicho el letrado Luis Vidal de Martín Sanz, uno de los coautores del durísimo informe elaborado hace unos meses por el Colegio de Abogados de Madrid.