EL BUZÓN DE PEZZI Bajas laborales

Quiero manifestar mi protesta por la situación a la que está sometido un profesor de Secundaria que tiene la mala suerte de caer enfermo y quedar de baja por incapacidad laboral transitoria. En estos casos, con presunción de culpabilidad, se le somete a la Inspección de la Delegación de Educación, a la Inspección de Servicios de la Delegación del Gobierno y a la Inspección del SAS.- José A. Orellana Mallavía. Sevilla Respuesta. La Consejería de Educación pretende dar un buen servicio público a los ciudadanos y administrar los fondos con los criterios de rigurosidad y transparencia. Uno de los problemas habituales de gestión es resolver las bajas y para ello hemos puesto en marcha, mediante un convenio entre la Consejería de Gobernación y Justicia, la de Salud y la de Educación, un sistema de inspección que realizan los servicios médicos del SAS. Ello nos permite objetivar técnicamente el proceso y evitar arbitrariedades. Estoy convencido que de esta manera no cabe hablar de presunción de culpabilidad sino de una buena gestión pública. Años de docencia A los profesores de Enseñanza Primaria y/o Secundaria que hemos accedido a un puesto docente (titulares) de universidad no se nos reconocen los años de docencia impartida en Enseñanza Secundaria (o Primaria). ¿Cuándo va a terminar la Consejería con tal injusticia, agravio y absurdo? Javier Suso López. Granada. R. Como bien sabe, la Ley de Reforma Universitaria dispone que es el Consejo de Ministros quien establece el régimen retributivo del profesorado universitario y debe ser el mismo para todas las universidades españolas. La Consejería ya ha exigido al Ministerio de Educación que a los profesores de Primaria y Secundaria que acceden a la docencia universitaria se les asigne una retribución del componente por méritos docentes del complemento específico de la misma cuantía que venían cobrando en su puesto anterior como docente de la función pública. Ya se ha abierto un proceso de negociación sobre esta y otras materias que también afectan al profesorado universitario sin que, hasta la fecha, se haya alcanzado ningún acuerdo.