El director del parque de Pego dice que el Gobierno debe hacer cumplir la ley

El director del parque natural del Marjal de Pego-Oliva, Vicente Urios, exigió ayer que los distintos cargos políticos, judiciales y administrativos con responsabilidad en la protección del maltrecho espacio protegido hagan su trabajo. Entre estas autoridades, mencionó al fiscal del medio ambiente, a la juez que investiga el caso, a las fuerzas de orden público y, sobre todo, al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, que debe hacer cumplir la ley.

Vicente Urios impartió ayer una conferencia sobre La problemática de los espacios naturales en España en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que acoge unas jornadas sobre Perspectivas de futuro de la protección del medio ambiente, con especial referencia a la normativa penal. En su disertación, el director del parque se centró en un caso práctico que conoce bien: el continuo acoso que sufre el marjal de Pego desde hace más de tres años sin que la justicia ni las distintas administraciones consigan impedirlo y a pesar de ser "el parque valenciano más democrático puesto que es el único que se aprobó por ley en las Cortes y no mediante un decreto del Consell". Así, el responsable del parque (director en funciones desde hace años) hizo una descripción, primero medioambiental, luego histórica y por último forense, del tristemente famoso humedal, que constituye uno de los escasos acuíferos no salinizados del litoral de la Comunidad. En el primer apartado habló del río Bullent, "el más caudaloso de Europa en relación a su longitud" y la diversidad biológica que o bien atesora o bien alimenta en los ullals cercanos. Luego describió cómo fracasaron las transformaciones agrícolas, promovidas en los setenta por el ministerio con 2.000 millones de pesetas, tras darse cuenta de que varias empresas y particulares se habían hecho con la mayor parte del marjal con fines especulativos, con lo que ya no se favorecía a todo un pueblo. "Hasta ofrecieron [los propietarios] la zona para hacer el parque de Disneyworld, que luego se fue a París, pero hubo suerte y cuando la visitaron llovió mucho, estaba inundada y dijeron que estaba bien para el pato Donald pero para el resto no valía", ironizó Urios. Después, el director relató cómo desde 1996 el alcalde, el independiente Carlos Pascual, entonces apoyado por la lista más votada (el PP) y ahora con mayoría absoluta, comenzó a promover la destrucción del parque. Sus armas, pagadas con dinero municipal, eran la entrada de maquinaria pesada para aterrar la zona húmeda, los incendios provocados ("con lanzallamas") para destruir la vegetación autóctona, la roturación de los campos, la desecación continua con bombas para bajar el nivel del agua... Y mientras, se lamentó, nadie ha hecho cumplir la ley y las órdenes de paralización de las transformaciones decretadas por una juez.