Piqué niega trato de favor a Ercros y dice que el PSOE ayudó al grupo con 28.000 millones

El titular de Industria, Josep Piqué, que compareció ayer por segunda vez ante la subcomisión del Congreso que examina la política de subvenciones de su ministerio, negó cualquier trato de favor a Ercros, empresa que él presidió hasta 1996. En tono un tanto desabrido, recordó que si el Ejecutivo del PP aprobó en junio de 1998 la condonación (rescate, según Piqué) de la mayor parte del crédito de 8.500 millones concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a Ercros, los Gobiernos del PSOE lo subvencionaron desde la suspensión de pagos en 1992 con más de 28.000.

Tanto Piqué como el presidente de Ercros desde 1996, Antoni Zabalza (ex director del gabinete de Presidencia con Felipe González), que compareció también ante la subcomisión, coincidieron en señalar que nunca hablaron de la condonación de la deuda del grupo químico pese a que son amigos. Las explicaciones de Piqué y de Zabalza no convencieron ni al PSOE ni a IU. Incluso el representante de CiU aseguró que el perdón de 7.400 millones de la deuda contraída por Ercros con el ICO había perjudicado al erario público. Al término de la comparecencia y pese a no haber sido preguntado por ello, Piqué explicó, "para que quede constancia", que pese a los rumores nunca ha sido el número dos de Javier de la Rosa, ex presidente del Grupo Torras y actualmente encarcelado. Según dijo el ministro, él fue nombrado al frente de Ercros por los accionistas de Torras que llevaron a De la Rosa ante el juez. El asunto de la subcomisión del Congreso era el estudio de la condonación de 7.400 millones, de un crédito de 8.500 aprobado en 1994 por el ICO, sin interés ni plazo fijo de devolución, para evitar la quiebra del grupo. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos lo canceló el 4 de junio de 1998. A cambio, Ercros se comprometió a pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social de más de 7.800 millones, a realizar una ampliación de capital por 4.000 millones (luego llegó a 7.000) y a devolver al ICO 1.100. El acuerdo estaba condicionado, además, a la compra por parte del ICO de unos terrenos de Ercros en Lanzarote, hipotecados por Hacienda y la Seguridad Social (urbanización Costa Teguise), por 5.000 millones.

Tanto Zabalza como Piqué resaltaron la bondad de la operación, con la que el ICO cobraba 1.100 millones de un crédito prácticamente incobrable. Zabalza explicó incluso que dicho crédito de 8.500 millones había sido valorado por la consultora independiente Peat Marwick en una cantidad de entre 75 y 125 millones. Zabalza llegó a decir que el ICO cobró 1.100 millones contantes y sonantes mientras los 8.500 del crédito eran "un concepto".

Ni las explicaciones de Zabalza (que admitió ser propietario de 140.000 acciones de Ercros), ni las de Piqué convencieron a la oposición. Si cabe, añadieron aún más dudas. Por ejemplo, según explicó Zabalza, Ercros tuvo constancia "fehaciente" de la condonación de la deuda el 4 de octubre de 1998, cuando había sido aprobada en junio. Ni Zabalza ni Piqué supieron explicar por qué se tardó tanto en comunicarla. Además PSOE e IU subrayaron que no se hizo público el acuerdo hasta el 23 de octubre, otro punto oscuro que Zabalza atribuyó a que el rescate de la deuda estaba condicionado al cierre de la compra de terrenos en Lanzarote.

Deliberaciones

Las explicaciones del ministro Piqué, prolijas, se extendieron a 1992 y trataron de demostrar que si alguien benefició a Ercros, en detrimento de la Hacienda Pública, fueron los Gobiernos socialistas. Según sus cuentas, desde esa fecha, los diferentes Gobiernos ayudaron a Ercros (sin comunicarlo a Bruselas, que ha abierto un expediente al respecto) con 28.000 millones. Incluso ilustró la supuesta mala gestión anterior con el perdón, en 1991, de una deuda de 4.500 millones a la empresa Río Tinto Minera. Piqué insistió en que no participó en las deliberación de la comisión del Gobierno que aprobó el rescate del crédito pese a que "no existía ningún conflicto de intereses, ni relación de parentesco" en el asunto, lo que fue contestado contundentemente por el diputado socialista Francisco Fernández Marugán, quien le recordó que la Ley de Incompatibilidades obliga a los altos cargos a inhibirse por escrito en asuntos relacionados con antiguas responsabilidades.