IU llevará a la Fiscalía la relación entre Piqué y Ercros tras detectar indicios de prevaricación

La decisión del PP de cerrar, el próximo miércoles, y con todos los pronunciamientos favorables para el ministro de Industria, Josep Piqué, la subcomisión que analiza su gestión, ha sido contestada de forma contundente por Izquierda Unida (IU) y por el PSOE. IU quiere llevar a la Fiscalía General del Estado uno de los asuntos más polémicos: el perdón (rescate, según Piqué) en junio de 1998 de un crédito de 8.500 millones de pesetas a la empresa Ercros -que el propio Piqué presidió hasta mayo de 1996- porque ha detectado "indicios de prevaricación" en el comportamiento del ministro. Por su parte, en otra vertiente del mismo caso, el PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que insta al Gobierno a que abra un expediente al titular de Industria porque éste incumplió la Ley de Incompatibilidades de mayo de 1995 y no se inhibió por escrito, como es preceptivo, en la relación de su departamento con su antigua empresa.

De hecho, la firma del ministro de Industria aparece, junto con la del ministro de Trabajo -entonces Javier Arenas- y la del ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el acta de 4 de junio de 1998 de la Comisión Delegada del Gobierno que aprobó la operación. Piqué sostiene que sus obligaciones de inhibición quedaron cubiertas con la no asistencia a las reuniones en las que se tomó la decisión de condonar el crédito y que, en cualquier caso "no existe ningún conflicto de intereses ni relación de parentesco" con Ercros.

Pese a todo, el diputado de IU, Mariano Santiso, elevó ayer el tono crítico de la coalición y anunció que dispone de "indicios" de que Piqué pudo cometer un delito de prevaricación en su relación con Ercros. IU intentará que la subcomisión eleve el caso a la Fiscalía General del Estado. Si, como es de suponer, los representantes de PP y CiU en la subcomisión se niegan, IU llevará el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Al igual que Santiso, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba hizo hincapié ayer en que "el PSOE no renuncia a seguir investigando" el comportamiento de Piqué. Rubalcaba aseguró que su formación no renuncia tampoco a trasladar el caso ante la Fiscalía.

Contradicciones

En la decisión anunciada por IU han sido determinantes las comparecencias del pasado día 21, ante la subcomisión del Congreso, de Piqué y del actual presidente de Ercros, Antoni Zabalza, ex director del gabinete de Presidencia de Felipe González. Ambos explicaron los mecanismos por los que el crédito que concedió el ICO a Ercros en 1994 (8.500 millones de pesetas) fue rescatado en junio de 1998 con el simple pago de 1.100 millones de pesetas. Tanto el PSOE como IU han encontrado serias contradicciones entre ambos comparecientes. Así, mientras Zabalza aseguró que él nunca solicitó formalmente el inicio de negociaciones en torno al crédito y que habló con segundos niveles de la Administración que ya conocían el asunto, Piqué reconoció que en septiembre de 1995, siendo presidente de Ercros, trató del préstamo con el entonces presidente del ICO, Miguel Muñiz y, posteriormente, con los ministerios de Industria y de Economía. Si Zabalza se encontró con la discusión sobre el crédito en marcha y la primera discusión en Comisión Delegada sobre el asunto tras el cambio de Gobierno se produjo en junio de 1996 ¿quién presentó el plan de rescate de Ercros y quién lo había elaborado? Para la oposición la respuesta está clara: Piqué, ex presidente de Ercros y entonces ministro de Industria.

Además, en sus explicaciones, Zabalza reconoció que, pese a que la condonación del crédito ICO se realizó en junio de 1998, él no tuvo constancia formal del mismo hasta el 4 de octubre de 1998. ¿Quién le comunicó el acuerdo? Según IU, el Ministerio de Industria, es decir, Piqué.

Por si fuera poco, tanto Zabalza como Piqué, a preguntas de los comisionados, se vieron obligados a reconocer que son amigos desde hace años, cuando compartieron tareas docentes en la Universidad de Barcelona. Dicho reconocimiento de amistad, en opinión de Santiso, invalida las declaraciones de Zabalza ante la subcomisión y refuerza, en todo caso, la obligación legal que tenía Piqué de inhibirse en todo lo relacionado con Ercros.