La juez Ramírez se niega a declarar acerca del patrimonio familiar

La juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, no compareció ayer a declarar acerca del patrimonio familiar ante el titular del juzgado de instrucción número 4, Antonio Navas. De todos sus parientes citados como testigos -su hermano, su tío, su madre y su padre- sólo acudió este último, Juan Ramírez, quien negó toda relación con las sociedades por las que fue interrogado. Al salir del juzgado, Ramírez dijo malhumorado a los periodistas presentes que su hijo no acudió a declarar "porque no le ha salido de los cojones".

Las citaciones se enmarcan dentro del incidente de recusación presentado por Inmaculada Gálvez, portavoz de la Plataforma contra la Revisión del PGOU, y pretenden determinar si los intereses económicos e inmobiliarios de la familia de la juez Ramírez determinaron el archivo de 9 de las 28 denuncias por presuntos delitos urbanísticos presentados por esta asociación. A la salida de los juzgados, Juan Ramírez aseguró que ho ha firmado nunca "ningún convenio" urbanístico con el Ayuntamiento de Jesús Gil. Además de su hijo, Juan Carlos Ramírez Balboteo, tampoco acudió a declarar su esposa, Ascensión Balboteo, y su ausencia fue justificada con el mismo argumento: "porque no le dio la gana". Tampoco compareció Carlos Ramírez, hermano del ex funcionario judicial y tío de la decana.

Según Gálvez, el padre de la magistrada aceptó haber sido el administrador único de Bellantonio Puertos, una de las sociedades que figuran en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, pero sólo durante dos meses y en 1991, cinco años antes de que la sociedad cerrara cualquier trato con el Ayuntamiento de Marbella.

Juan Ramírez declaró, también según Inmaculada Gálvez, que tiene participación en tres sociedades financieras, pero ninguna de ellas relacionadas con el consistorio: Asbal, una sociedad creada para comprar el piso donde vivía; Mapira, constituida para la compra de la parcela donde su hijo se hará la casa y Jucamar, para la compra de los locales en Estepona donde su hijo tiene el despacho.

Sí comparecieron el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, y el ex teniente de alcalde, Pedro Román, que tenían que declarar para que el juez determine si los Ramírez se han visto favorecidos por la política urbanística municipal. El secretario entregó al juez tres convenios urbanísticos suscritos entre el Ayuntamiento y la familia Ramírez, entre ellos el firmado con Kermosa, otra de las sociedades mencionadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Gálvez dijo que ni los familiares ni la decana estaban obligados a declarar por ser un incidente de recusación. La magistrada Ramírez, según la abogada, ya ha presentado su informe al juez Navas acerca del incidente de recusación. En él afirma que "todo es debido a una trama de infamias con la que jura por su honor no tener relación alguna". Además, justifica el archivo de los presuntos delitos urbanísticos diciendo que sus autos fueron ratificados por la Audiencia de Málaga.

"Si tenemos en cuenta que la Fiscalía es un órgano único jerárquico y que tiene que haber unidad de criterios lo normal sería que informasen a favor de la recusación", dijo Gálvez en alusión al informe de la Fiscalía Anticorrupción. Según la denuncia de Anticorrupción ante el CGPJ, el ejercicio de la decana es "contrario a derecho" ya que sus familiares "desarrollan actividades profesionales y económicas (...) que obstaculizan el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional". Gálvez resaltó que la decana se "apropió" de los 28 presuntos delitos urbanísticos "aplicando el mismo criterio por el que le quiere quitar" al juez Santiago Torres la instrucción del caso Gil.